La fiscalía federal imputó al presidente, director y un médico de la Clínica Centro SA de Pergamino por defraudar al PAMI mediante la facturación de 191 órdenes médicas que nunca se realizaron, causando un perjuicio económico de más de 3 millones de pesos.
La Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Felipe Di Lello, formalizó la imputación al presidente, al director y a un médico de una clínica privada de Pergamino por defraudar al Estado Nacional con la facturación de 191 órdenes de consultas y prácticas prescriptas a 28 afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que nunca recibieron las prestaciones. Las maniobras fueron detectadas entre abril y diciembre de 2024, aunque indicios de la investigación sugieren que el volumen podría ser mayor.
El juez de garantías de la jurisdicción ordenó una caución real de 10 millones de pesos para cada uno de los imputados y la prohibición de salir del país por un plazo de 90 días. Ante el magistrado federal Carlos Villafuerte Ruzzo, el Ministerio Público Fiscal formalizó la investigación penal respecto del presidente y el director médico de Clínica Centro SA de Pergamino como coautores de fraude en perjuicio de la administración pública. En relación al médico, se lo consideró partícipe necesario del mismo delito.
El caso se inició a partir de la presentación de una paciente ante la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI, a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo. A los dos primeros se les atribuyó haber validado y facturado 191 Órdenes Médicas Electrónicas (OMES) —de consultas y prácticas— que no se realizaron en la institución, entre abril y diciembre de 2024. Al médico se le atribuyó una colaboración necesaria, ya que habría emitido 110 OMES que no se realizaron y que fueron cobradas por la clínica, donde se desempeñaba como responsable del Área de Internación al menos hasta noviembre de 2025.
De acuerdo a las evidencias reunidas, las maniobras provocaron un perjuicio económico al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSPJ) de al menos $1.644.662,37, que según la actualización hecha por PAMI a noviembre de 2025 ascendía a $3.242.369,02. Tras la exposición de la fiscalía, el juez dio por formalizada la investigación y otorgó un plazo de 90 días para profundizar la pesquisa.
Según indicó el fiscal Di Lello, los directivos se valieron de OMES emitidas por diferentes médicos de Pergamino, utilizando datos de afiliados de PAMI que no se atendieron con ellos, no tenían las patologías indicadas en los estudios y nunca asistieron a la Clínica Centro, ubicada en Pueyrredón 840 de Pergamino. Para concretar el fraude y confirmar falsamente que el afiliado había concurrido al lugar, utilizaban su número de DNI y de trámite. Luego, transmitían las órdenes médicas para el cobro desde el usuario de la clínica a través del sistema informático oficial de PAMI.
La fiscalía señaló que las OMES cobradas e informadas por PAMI fueron contrastadas mediante llamados telefónicos realizados por la UFI PAMI a diversos afiliados. A partir de entrevistas, análisis de IP, tareas de campo y un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina (PFA), se corroboró que las prácticas y consultas médicas no existieron, pero fueron cobradas por la clínica en su totalidad.
El legajo penal incorporó un informe de auditoría realizada por PAMI a la Clínica Centro el 26 de agosto de 2024, que concluyó que las posibilidades de brindar las prestaciones convenidas se veían seriamente afectadas por el incumplimiento de la documentación formal; la falta de personal profesional y no profesional; y la falta de recursos, equipamiento y normas en los servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento. Al allanar la clínica, no se hallaron ni se aportaron historias clínicas de los pacientes, exigidas no solo por PAMI sino por la ley. Además, muchos pacientes indicaron que no asistían a ese centro de salud por la mala atención y optaban por atenderse en el hospital público.
El caso se inició en marzo de 2025 a raíz de un correo electrónico enviado por una afiliada a la UFI PAMI, mediante el cual denunció que le figuraban diversos estudios en su historial de la aplicación de PAMI ordenados por su médico de cabecera, pero que nunca se había realizado, y mucho menos en la Clínica Centro SA. Acompañó capturas de pantalla de su perfil, donde figuraban al menos seis órdenes médicas confeccionadas en septiembre de 2024.