La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, confirmó que se iniciarán causas judiciales contra las familias que se nieguen a abonar las multas por amenazas en escuelas. La medida busca cubrir los costos operativos y desalentar este tipo de incidentes.
La vocera del gobierno provincial, Virginia Coudannes, afirmó este jueves en conferencia de prensa que el Estado santafesino judicializará los casos en los que las familias de adolescentes identificados por realizar amenazas de tiroteos en escuelas se nieguen a abonar las intimaciones expedidas. La respuesta surge tras la presentación de una impugnación formal en la ciudad de Santa Fe por parte de un padre que fue intimado por 6 millones de pesos luego de que su hijo adolescente participara de un «desafío viral» que derivó en la difusión de una nota con contenido intimidante.
Según la defensa, el hecho ocurrió fuera del establecimiento educativo y fue rápidamente reconocido por el propio adolescente ante sus padres y autoridades escolares. El accionar del gobierno provincial se da tras la tragedia ocurrida en San Cristóbal el 30 de marzo, en donde un adolescente de 15 años asesinó a Ian Cabrera, de 13, dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno de esa localidad.
La negativa de la familia de la capital provincial tuvo respuesta oficial este jueves. En primer lugar, Coudannes resaltó que bajaron «muchísimo» las amenazas de este tipo y que, en los últimos días, solo hubo dos en Rosario y dos en la ciudad de Santa Fe. «Las políticas han sido efectivas, tanto desde las comunidades educativas como desde el Ministerio de Educación y la investigación en lo penal. Los recursos y las intimaciones realizadas, también», expresó.
Tras ello, señaló que los casos de los responsables de los adolescentes que hayan hecho una amenaza y se nieguen a abonar las intimaciones o no puedan hacerlo serán judicializados: «Es el procedimiento. Luego, tendrán que estar comprometidos con esa causa judicial». En otro pasaje de la conferencia, la vocera enumeró que hay 39 expedientes abiertos «listos para salir» y que ya se realizaron 19 notificaciones.
Más temprano, el abogado que interpuso la impugnación, Rodolfo Mingarini, aseguró que no existe daño para cobrar este tipo de intimaciones y que no se puede criminalizar a un adolescente de la edad del joven que realizó la amenaza. «No justifican ningún detalle del operativo (que se cobra en las intimaciones). Podrían haber sido 6 millones, como 10 millones o 20 mil pesos. No se trata de un incumplimiento contractual, ni de daño por un delito. No se puede cobrar multa si no hay una ley previa porque esto no se puede resolver ni por la disposición de un ministro y ni siquiera por un decreto del gobernador», expresó el letrado.
Tras esas declaraciones, Coudannes se tomó un momento para responderle a Mingarini: «Usted sabe que los recursos de la provincia los paga usted también con sus impuestos y todos los santafesinos. Esto tiene que ver con los recursos de los santafesinos, que se expusieron ante una broma en un contexto muy difícil en el que no solo los chicos de esa escuela quedaron a la deriva ese día, sino nosotros que, como Estado, pusimos recursos». «Puede presentar los reclamos que quiera. Que hable en este sentido me parece una falta de respeto para aquellos que se esfuerzan, pagan sus impuestos y, consecuentemente, tienen que tener garantizados todos los servicios del Estado», finalizó la vocera.