Las iniciativas buscan actualizar el marco normativo y optimizar la asignación de recursos. El oficialismo apunta a reactivar la agenda legislativa en las próximas semanas.
El Poder Ejecutivo nacional ingresó al Senado de la Nación dos proyectos de ley: uno para reformar la ley de salud mental y otro para modificar la ley de emergencia en discapacidad. Con estas iniciativas, el gobierno busca reactivar la agenda parlamentaria en las próximas semanas.
La decisión se definió tras una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, de la que participaron, entre otros, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Las reformas ingresaron por la Cámara alta, donde el oficialismo cuenta con una mayoría consolidada.
En paralelo, el Ejecutivo evalúa acelerar el tratamiento de otras normas, como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y la denominada ley «Hojarasca».
Detalles de la reforma a la ley de Salud Mental
Según el texto oficial, el proyecto tiene por objeto «asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, implementar acciones de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación, recuperación e inclusión comunitaria». Desde el Ministerio de Salud de la Nación indicaron que la iniciativa busca actualizar el marco normativo para «mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario» y «proteger a pacientes y terceros». El objetivo declarado es superar limitaciones actuales en el abordaje de casos de riesgo y emergencia, clarificando conceptos y adaptándolos a las necesidades de cada jurisdicción. El relevamiento previo incluyó aportes de familiares, pacientes, profesionales y actores judiciales.
Modificaciones en pensiones por discapacidad
El segundo proyecto enviado al Senado se centra en las pensiones no contributivas por invalidez. El Ejecutivo sostuvo en su mensaje que, entre 2003 y 2023, estos beneficios pasaron de 76 mil a aproximadamente 1.200.000. El gobierno afirmó que «la magnitud de la situación descripta generó una inevitable sospecha sobre las condiciones en que esos beneficios fueron otorgados», mencionando que investigaciones detectaron «una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir con los requisitos legales». La propuesta plantea crear herramientas específicas para «prevenir, detectar y sancionar el fraude, resguardando simultáneamente los derechos y garantías de los beneficiarios legítimos».