El Ministerio Público Fiscal pidió ampliar las declaraciones en el caso que investiga una presunta asociación ilícita en la Agencia Nacional de Discapacidad, por un fraude que superaría los 75 mil millones de pesos.
El fiscal Franco Picardi solicitó una nueva ronda de indagatorias en la causa que investiga una presunta asociación ilícita dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). El pedido incluye a exfuncionarios clave y a más de 20 empresarios, en el marco de un expediente que investiga un fraude superior a los 75.000 millones de pesos.
Entre los principales apuntados vuelven a figurar el extitular del organismo, Diego Spagnuolo; su exnúmero dos, Daniel Garbellini; el empresario Miguel Ángel Calvete; y el médico Pablo Atchabahian, todos ya procesados en la causa como presuntos jefes de la estructura delictiva.
Según el dictamen del fiscal, las nuevas evidencias refuerzan la hipótesis de una organización que habría operado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 dentro de la Andis. El esquema habría articulado a funcionarios públicos con empresarios proveedores de insumos médicos de alto costo para direccionar contrataciones, inflar precios y repartirse fondos estatales.
«El funcionamiento coordinado y con roles definidos permitió obtener sumas millonarias de forma ilegal, afectando directamente a la administración pública y a una población especialmente vulnerable», sostuvo Picardi, en referencia a los beneficiarios de pensiones no contributivas y del programa Incluir Salud.
En el centro de la causa aparece el sistema especial de contratación de insumos médicos conocido como SIIPFIS. La fiscalía sostiene que fue manipulado para favorecer a determinados proveedores mediante simulación de competencia, sobreprecios y filtración de información clave.
El pedido de nuevas indagatorias alcanza a al menos 27 personas, entre ellas Emilio César Olguín, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn y Gerardo Raúl Angarami, además de integrantes de firmas vinculadas al sector de la salud. Los principales acusados ya fueron procesados por delitos como negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación al Estado y cohecho. En todos los casos, la Justicia trabó embargos que superan los 200.000 millones de pesos.
La causa, que inicialmente estuvo a cargo del juez Sebastián Casanello, es ahora instruida por Ariel Lijo. El expediente se inició a partir de una serie de audios atribuidos a Spagnuolo, si bien el fiscal aseguró que no constituyen prueba central del caso. A siete meses del inicio formal de la investigación, la fiscalía considera que la Andis funcionó como una «ventanilla discrecional» para beneficiar a proveedores específicos.