La norma, que establece el marco general de funcionamiento de los gobiernos locales, fue aprobada tras un extenso debate entre oficialismo y oposición, que centró sus críticas en la falta de definición sobre la distribución de recursos.
La Legislatura de la provincia de Santa Fe dio sanción definitiva este jueves a la Ley Orgánica de Municipios, la primera norma derivada de la reforma constitucional de 2025. El proyecto, que establece el marco general de funcionamiento, competencias y organización institucional de los gobiernos locales, fue aprobado tras un debate en ambas cámaras.
En la Cámara de Diputados, el oficialismo de Unidos, con el apoyo de algunos aliados, logró la aprobación del texto con 30 votos a favor y 17 en contra. Posteriormente, el Senado convalidó cambios técnicos introducidos previamente, otorgando la sanción final.
El diputado socialista Joaquín Blanco, miembro informante del proyecto, destacó que la ley «tiene amplísimo consenso» en aspectos como la estructura institucional de los municipios. Sostuvo que la norma incentiva la participación política, garantiza la representación de las minorías y ordena las transiciones de gobierno.
Desde la oposición, principalmente el bloque del peronismo, se expresaron críticas al proyecto. El diputado Marcos Corach argumentó que se trata de una «autonomía de papel», al no incluir una discusión sobre la distribución de recursos. «Mientras no se discuta cómo se distribuye la torta en la provincia de Santa Fe, cualquier ley orgánica de municipios será un simulacro», afirmó.
La legisladora Lucila De Ponti coincidió en señalar que la ley es «vaga» y no genera certidumbre a los gobiernos locales, al tiempo que criticó la falta de convocatoria a la oposición durante su redacción.
La ley fija que los mandatos del intendente y los legisladores locales durarán cuatro años, con posibilidad de una reelección consecutiva. Además, determina la cantidad de integrantes del órgano legislativo según la población de cada municipio. Entre las funciones principales que asigna a los gobiernos locales se encuentran el control y regulación de servicios públicos, la planificación territorial, el desarrollo de políticas ambientales y la promoción del desarrollo productivo.