La Defensoría publicó en sus redes oficiales el informe anual correspondiente al año pasado, que acumuló casi 45 mil expedientes en las sedes de Santa Fe y Rosario. La mayor parte (un 85 por ciento del total) se lo lleva la atención al público en diversas oficinas descentralizadas y a través de las acciones en territorio.
Además, hubo intervenciones en otros escritorios de la Defensoría como las 2.607 actuaciones que quedaron asentadas en el Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito. También se tramitaron 1.055 situaciones en el Centro de Mediación y Resolución de Conflictos; 1.537 en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes; 2.035 del Órgano de Revisión de Salud Mental; 385 vinculadas a temas nacionales abordados junto a la Defensoría del Pueblo de la Nación y 757 expedientes de gestión interna, relacionados con tareas administrativas, cierre y archivo de expedientes y protocolización de convenios.
Los alquileres, al tope
El asesoramiento jurídico en las bocas de atención al público se llevó la mayor cantidad de consultas. En total a lo largo del 2025 fueron 10.853 casos en toda la provincia, lo que representa cerca del 30 por ciento de la atención ciudadana.
La enorme mayoría de este tercio de casos atendidos, estuvieron vinculadas a alquileres, consorcios y administración de propiedades. También a conflictos familiares (separaciones, divorcios y cuota alimentaria para hijos e hijas de parejas divorciadas) y a su vez temas comerciales, especialmente relacionados con refinanciación de deudas y situaciones de hostigamiento por parte de cobradores. En menor medida, se atendieron casos de escrituración de inmuebles, propiedad horizontal, problemas entre vecinos y cuestiones laborales.
En segundo lugar se ubican unos 8.398 expedientes a nivel provincial, equivalentes a aproximadamente el 23 por ciento de la atención ciudadana, vinculados a casos de estafas (muchas de ellas virtuales), una problemática que muestra un crecimiento sostenido tanto en cantidad como en complejidad. Sin ir más lejos, la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor ubicó estos fraudes en el tope de los reclamos en el comienzo de 2026.
image
El precio de los alquileres aumentó 83,1% en el año, muy por encima de la inflación general.
También se destacaron conflictos relacionados con cuentas bancarias, principalmente por descuentos no pactados; tarjetas de crédito, por débitos, comisiones y consumos no autorizados; incumplimientos contractuales, productos no entregados, planes de ahorro y préstamos.
>>Leer más: Los alquileres subieron muy por encima de la inflación en 2025
Obras sociales y prepagas
Siguiendo en el análisis de la cantidad de expedientes generados, el área Salud, Discapacidad y Ambiente registró 4.534 expedientes en toda la provincia. Los casos de damnificados que requerían un prestación médica estuvieron mayormente relacionados con demoras o negativas en la cobertura de tratamientos, medicamentos, estudios médicos y prestaciones, tanto por parte de obras sociales y prepagas como del sistema público.
En el área de Discapacidad, se atendieron principalmente situaciones vinculadas a dificultades en el acceso a pensiones, certificados, transporte, apoyos y prestaciones previstas por la normativa vigente.
prepagas.jpg
El gobierno dio de baja 58 prepagas y está en proceso de cerrar otras 56
El tópico Servicios Públicos concentró 3.049 expedientes, asociados a cortes, deficiencias en la prestación, facturación y atención al usuario en servicios de energía eléctrica, agua, gas y transporte, así como consultas sobre el acceso y alcance de los subsidios.
En materia de Seguridad Vial, la Defensoría del Pueblo intervino en 2.421 casos principalmente vinculados a infracciones e impugnaciones o quejas sobre procedimientos y sanciones.
En Vivienda, en tanto, se iniciaron 388 expedientes a nivel provincial relacionados con acceso a soluciones habitacionales y problemáticas vinculadas a programas públicos.
Durante 2025 se iniciaron 136 expedientes en el área Educación vinculados a situaciones que afectan derechos de estudiantes y familias frente a instituciones educativas.
Violencia intrafamiliar
El Centro de Asistencia a la Víctima y al Testigo del Delito, que funciona dentro de la Defensoría del Pueblo, atendió el año pasado 2.607 casos, con una fuerte concentración en el ámbito familiar (67 por ciento), seguido por el ámbito comunitario (18 por ciento) y el institucional (15 por ciento).
Este centro tiene como función brindar orientación, contención y acompañamiento integral a personas víctimas o testigos de hechos delictivos, desde una perspectiva de derechos humanos. Su abordaje es interdisciplinario, a través de equipos conformados por profesionales del derecho, la psicología y el trabajo social, y apunta a facilitar el acceso a la información, fortalecer a las personas en el tránsito por instancias administrativas y judiciales y articular con otros organismos del Estado cuando la situación lo requiere.
Por su parte, el Centro de Mediación y Resolución de Conflictos tramitó 1.055 expedientes durante el año, consolidándose como una herramienta clave para la resolución pacífica de conflictos. Este órgano procura promover el diálogo y la construcción de acuerdos entre las partes, como alternativa a la judicialización de los conflictos. Su intervención se basa en procesos voluntarios, confidenciales y gratuitos, a cargo de mediadores y mediadoras capacitados, y está orientada principalmente a conflictos comunitarios, vecinales, familiares y entre particulares.
En el 2025 la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe abordó 1.537 casos nuevos que involucraron a infancias y adolescencias. Las actuaciones fueron principalmente de asesoramiento, recepción de quejas, monitoreo e investigación de oficio y de promoción de derechos.
Entre los principales temas abordados se destacan las vulneraciones a derechos esenciales: el derecho a la salud, el derecho a la convivencia familiar y comunitaria, el derecho a la asociación, reunión y tránsito, el derecho a la identidad y a la integridad física.
Cada caso abordado indica y señala graves vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes, lo que supone un trabajo de intensidad que el organismo despliega a través del trabajo interdisciplinario y desde su rol de control y promoción de derechos.
Finalmente, el Órgano de Revisión de Salud Mental intervino en 2.035 expedientes, de los cuales 1.470 correspondieron a personas adultas y 504 a niños, niñas y adolescentes (61 no tienen información etaria), en el marco de la protección de derechos en el ámbito de la salud mental.