La discusión sobre la situación de los cuidacoches en Rosario generó proyectos que van desde la prohibición hasta un padrón para la inserción laboral. El último capítulo de la discusión se abrió este jueves con una iniciativa para crear una mesa de trabajo que incluya al gobierno de Santa Fe y a la Justicia en el debate.
El Concejo aprobó un proyecto presentado sobre tablas con el fin de abordar el tema a partir de marzo. La propuesta surgió en simultáneo con un reporte oficial del Poder Ejecutivo que da cuenta de un cambio importante en el escenario general, ya que desde el inicio del año se duplicó la cantidad de personas demoradas en operativos de control para prevenir el uso indebido del espacio público.
«Ninguno de los que estamos sentados acá piensa en institucionalizar el trabajo de trapito», aseguró la concejala Fernanda Gigliani, una de las autoras de la propuesta junto a ediles de otros espacios peronistas. Los cinco ediles de La Libertad Avanza (LLA) fueron los únicos que votaron en contra dentro del Palacio Vasallo y enfatizaron que seguirán promoviendo la prohibición de la actividad.
¿Quiénes analizarán la situación de los cuidacoches?
El decreto establece un plazo de tres meses para que la Municipalidad arme una mesa de trabajo con distintos perfiles de gestión. Del lado del Poder Ejecutivo aparecen representantes de las secretarías de Control y Convivencia, Movilidad y Desarrollo Humano y Hábitat. Por parte del cuerpo deliberativo deberán participar integrantes de tres comisiones: Obras Públicas, Gobierno y Control, Convivencia y Seguridad.
En segundo lugar, el Concejo aprobó un mensaje para tratar de incorporar institucionalmente al debate a la Justicia y a referentes del gobierno de Santa Fe. En este sentido, Gigliani señaló: «Es fundamental invitar a funcionarios provinciales y a un actor que siempre está ausente, que es el Poder Judicial, y que tiene mucho que ver con intentar resolver esta situación».
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Mientras tanto, la Municipalidad confirmó que este año ya demoraron a 202 personas en operativos específicos para prevenir delitos e infracciones cometidas por trapitos. La cifra es prácticamente el doble del total de 2024, cuando el Ejecutivo endureció su política de control de esta actividad.
El registro oficial indica que 72 cuidacoches fueron detenidos en el marco de eventos masivos. Los demás corresponden a procedimientos en zonas de alta circulación. En algunos casos, la policía dispuso el traslado cuando no se pudo verificar la identidad, pero otros corresponden a denuncias de amenazas, extorsiones y agresiones, incluso contra agentes estatales.
El debate entre la prohibición y la inclusión social
Como autora de un proyecto anterior para promover la capacitación y la búsqueda de empleo, Gigliani reiteró que declarar la ilegalidad de los trapitos no es una salida viable. «A lo largo de la historia, sólo prohibir no ha resuelto absolutamente nada. Al contrario, la prohibición muchas veces ha generado que ganen los mafiosos«, advirtió.
La edila reconoció que algunos trapitos pueden llegar a formar asociaciones ilícitas a partir de sus vínculos con el narcomenudeo y las barras bravas de fútbol. Sin embargo, señaló: «También hay un sector de la sociedad que está fuera del sistema hace mucho tiempo y usa esta actividad como forma de vida y de sustento».
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«La policía se lleva presos a muchos de los jóvenes que ejercen esta actividad. Están algunas horas y después vuelven al mismo lugar. Si esas son las herramientas con las que hoy contamos, claramente no estamos resolviendo absolutamente nada», dijo la concejala del bloque Iniciativa Popular. A continuación se refirió a otro problema vinculado a las denuncias sobre las amenazas para cobrar por estacionar, ya que «no hay forma de corroborar la extorsión».
En la vereda opuesta, el concejal libertario Lautaro Enríquez cuestionó la utilidad de crear una mesa de trabajo para abordar el tema de los trapitos. Finalmente, prometió: «Gracias a La Libertad Avanza, se van a ver prophibidos los trapitos».