La Justicia provincial hizo lugar a una demanda de una empresa contra una entidad bancaria por operaciones electrónicas no autorizadas y dispuso el reintegro de 83 millones de pesos más intereses y costas.
La Justicia provincial hizo lugar a una demanda presentada por una empresa contra una entidad bancaria con la que operaba, luego de que la firma sufriera perjuicios económicos a través de operaciones electrónicas en su cuenta bancaria. El planteo reclamó el reintegro de 83 millones de pesos, más los intereses y costas.
Según refirió el periodista Alberto Furfari en el portal Versión Rosario, el abogado Federico Tjor promovió la acción legal para lograr que el banco restituyera la suma millonaria a la firma damnificada.
Reclamo
El letrado detalló que se registró el rescate de un fondo común de inversión y transferencias por 83 millones de pesos que no contaban con la firma digital válida.
Por su parte, el banco sostuvo que las operaciones se realizaron utilizando el usuario y la contraseña del cliente, y que fueron confirmadas a través de la tarjeta de coordenadas. Sin embargo, esto no alcanzó para que el tribunal desestimara el reclamo, indicó el portal.
En el fallo se aclaró que las actividades bancarias realizadas a través del home banking “han sido calificadas por la jurisprudencia como una actividad riesgosa, lo que determina la aplicación de un factor de atribución objetivo en cabeza de la entidad que administra y se beneficia económicamente de dicho sistema”.
Asimismo, el texto judicial sumó que la voluntad en este tipo de operaciones remotas “se satisface con firma digital”.
La sentencia refirió que las plataformas digitales generan nuevas formas o maneras de vulnerar la seguridad de los usuarios, las cuales eran impensadas en la modalidad de gestión presencial.
Además, destacó que el banco reconoció que no implementaba medidas de seguridad adicionales, tales como “pruebas de identificación positiva mediante datos biométricos, ni contra la base de datos del Sistema de Identificación Digital, ni para el alta de nuevos destinatarios de transferencias ni para operar con destinatarios con los que no se había operado”, reprodujo Furfari.
El fallo concluyó que en este caso existe un “supuesto de responsabilidad objetiva agravada” por parte de la entidad bancaria y los condenó a devolver al banco las sumas reclamadas más intereses.