La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves con 37 votos a favor y 11 en contra el proyecto «Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública» enviado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa obtuvo media sanción y ahora será tratada en el Senado.
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves con modificaciones el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo provincial, denominado «Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública». La votación contabilizó 37 votos a favor y 11 en contra, sin abstenciones. De esta manera, el proyecto que era considerado clave para la gestión de Maximiliano Pullaro obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratado en la Cámara de Senadores para convertirse definitivamente en ley.
La sesión de este jueves estuvo precedida por cinco meses de tensiones y una semana crítica en la que el oficialismo no lograba reunir los consensos necesarios. La aprobación se concretó recién en la noche del miércoles, cuando el radicalismo y el socialismo, los dos socios principales de la coalición gobernante, lograron destrabar sus diferencias.
El socialismo, con peso decisivo en la Cámara baja, había manifestado fuertes reparos a los artículos que otorgaban mayores facultades discrecionales a la Policía y al Ministerio Público de la Acusación (MPA). Consideraban que varias disposiciones vulneraban garantías constitucionales y el debido proceso. Por su parte, la UCR y el entorno del gobernador defendían la necesidad de dotar al Estado de más herramientas para combatir el narcotráfico y la violencia.
El acuerdo se selló tras intensas negociaciones que se extendieron hasta la noche previa a la sesión. El oficialismo aceptó modificar la redacción de los puntos más conflictivos, lo que permitió que el socialismo acompañara la votación en general, aunque con críticas al proceso. La diputada socialista Lionella Cattalini reivindicó el resultado y destacó que el texto final es «mucho mejor de lo que envió el Ejecutivo», al tiempo que rechazó las presiones que buscaban instalar que quienes se oponían a ciertos artículos estaban «a favor del delito».
El texto que llegó al recinto sufrió recortes sustanciales respecto del proyecto original enviado en mayo. Entre los puntos que se eliminaron del proyecto original se encuentra la creación de las Zonas de Intervención Policial Especial, que habilitaban a las fuerzas de seguridad a realizar controles de acceso, requisas vehiculares y restricciones de circulación sin la intervención directa de la Justicia.
También se descartó la posibilidad de que la Policía tomara declaraciones a personas vinculadas a un hecho delictivo sin la asistencia de un abogado. En su lugar, se mantiene la figura de la «declaración informativa» ante el fiscal, pero con la advertencia de que lo declarado no podrá usarse como prueba de cargo si el imputado no contó con defensa técnica.
Entre lo que se mantuvo y generó controversia figura la polémica facultad de realizar allanamientos excepcionales sin orden previa de un juez, aunque se incorporaron controles. Ahora se exige la intervención del fiscal y un control judicial posterior dentro de las 24 horas para los casos previstos en los incisos más críticos.
También se aprobó la posibilidad de juzgar a imputados que no se presenten, pero se incorporaron mayores garantías procesales: se exige autorización judicial, intervención de un defensor y registro audiovisual del proceso. Se mantiene además la facultad de aplicar medidas de aislamiento individual y suspensión de visitas para internos considerados de máxima peligrosidad, con posibilidad de revisión judicial. Por último, se conserva la herramienta que permite desalojar, demoler o bloquear propiedades utilizadas para actividades ilícitas, como búnkeres de drogas, aunque con instancias de revisión judicial.
El tablero político dejó ver las costuras de la coalición y la posición de la oposición. A favor votaron 37 diputados: el bloque oficialista de Unidos lo hizo en bloque, con la ausencia de Fabián Cejas, y se sumaron aliados como los bloques de Amalia Granata, Somos Vida, Juan José Piedrabuena, Edgardo Porfiri, Omar Paredes y Beatriz Brower.
En el peronismo, la única excepción fue Alejandra Rodenas, quien acompañó en general pero votó en contra de algunos artículos particulares. En contra lo hicieron 11 diputados: 7 del peronismo (PJ) y los 3 del Frente Amplio por la Soberanía (FAS). La diputada Celia Arena (PJ) fundamentó su rechazo señalando que, si bien el proyecto mejoró, todavía presenta riesgos para los inocentes y el debido proceso, y advirtió que una ley deficiente puede terminar perjudicando a personas que no tienen nada que ver con el delito.
Con la media sanción obtenida, el Ejecutivo provincial logra avanzar con una de sus reformas prioritarias en materia de seguridad, aunque el texto final tiene diferencias con el original. Ahora la pelota pasa al Senado, donde el oficialismo buscará convertir la media sanción en ley.