La norma limita la cobertura del programa nacional a seis principios activos cardiovasculares. Un artículo de opinión de Leonardo Caruana analiza el alcance de la medida y sus implicancias para el acceso a medicamentos en el país.
La Resolución 1447/2026 reduce el vademécum del Programa Remediar de 128 medicamentos esenciales a seis principios activos cardiovasculares, según informó el gobierno nacional. La medida implica que el Estado deja de garantizar un piso común de acceso que durante más de dos décadas llegó a todo el país.
En un artículo de opinión, Leonardo Caruana sostuvo que la decisión del gobierno de Javier Milei puede interpretarse como un eslabón más en una cadena de recortes, pero consideró que sería un error quedarse en esa lectura. Afirmó que lo que está en juego no es solo una partida presupuestaria, sino una idea acerca de qué es la salud y de quién debe garantizarla.
Caruana señaló una paradoja: un gobierno que hace de la eficiencia su bandera desarma uno de los mecanismos más eficientes que tuvo el Estado argentino, la compra centralizada, que permitía adquirir medicamentos alrededor de un 75% por debajo del precio de mercado. Sostuvo que veinticuatro compras separadas, con menos volumen y menos poder de negociación, difícilmente alcancen esos resultados. Agregó que si se interrumpen tratamientos crónicos de bajo costo, como los de la hipertensión o la diabetes, lo que llega después son complicaciones e internaciones mucho más onerosas para el propio sistema público. En otras palabras, el ahorro es aparente: el costo se traslada hacia adelante y hacia abajo, hacia los efectores de salud y hacia los hogares.
Según el autor, la mirada que hoy orienta las decisiones nacionales parte de un supuesto: el medicamento sería un bien como cualquier otro, cuyo precio y circulación debe ordenar el mercado, y el acceso a él sería una cuestión que cada persona resuelve según sus posibilidades. En esa misma lógica se inscribe la desregulación de la venta libre, que deja fuera de la cobertura de obras sociales y prepagas a un conjunto de medicamentos y amplía el gasto de bolsillo de las familias. Caruana afirmó que no es una mirada neutral ni meramente técnica: detrás de la apelación a la libertad de elegir hay una concepción que convierte al ciudadano en consumidor y al padecimiento en oportunidad de negocio.
El artículo plantea que si se corre el foco del individuo que compra hacia la comunidad que cuida, el problema cambia de forma. Los procesos de salud-enfermedad-cuidado están atravesados por determinantes sociales que no se resuelven en el mostrador de una farmacia: el trabajo, la vivienda, el ingreso, el lugar donde se vive. Cuando el acceso a un tratamiento depende de la capacidad fiscal de cada provincia y del bolsillo de cada familia, la fragmentación del sistema se vuelve desigualdad concreta. El autor se pregunta qué piso común queda como país cuando cada territorio se las arregla como puede.
Caruana mencionó que la historia del sistema de salud de Rosario muestra que otro modelo es posible, y que no se trata de una utopía sino de una construcción sostenida en el tiempo. La red de centros de salud garantiza el acceso a los medicamentos desde la cercanía, en cada barrio, como parte de un proceso de cuidado y no como un acto de dispensa aislado. El Laboratorio de Especialidades Medicinales, que junto al LIF participó de las licitaciones nacionales del propio Remediar, demuestra que la producción pública es una herramienta estratégica y no una rareza. Así, el medicamento ocupa su lugar: no el de una mercancía ni el de un fin en sí mismo, sino el de un instrumento de gran valor terapéutico al servicio del encuentro entre el equipo de salud y la población.
El autor reconoció que estas redes también están hoy bajo tensión, y que amortiguan -la más de las veces con mucho esfuerzo- lo que otros niveles del Estado dejan de garantizar. Por eso sostuvo que la tarea no es solo resistir, sino construir. Planteó que si se recupera la compra pública como herramienta de equidad; si se fortalece la producción pública de medicamentos y se la articula entre laboratorios, provincias y municipios; si se sostienen equipos cercanos, capaces de cuidar y cuidarnos en cada territorio; si se vuelve a discutir colectivamente qué se entiende por salud, el medicamento dejará de ser un privilegio para volver a ser un bien social, y se habrá dado un paso hacia un sistema más justo, más solidario y más humano.