El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, expondrán en la comisión de Presupuesto sobre los recursos destinados a la educación en la ley de gastos y recursos para el próximo año.
El Gobierno defenderá este martes su política universitaria en la Cámara de Diputados, en el marco de la disputa entre La Libertad Avanza y las universidades por el incumplimiento de la ley de financiamiento de las casas de estudios superiores. El debate se produce días después de la quinta marcha al Congreso Nacional protagonizada por docentes, no docentes y estudiantes.
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, expondrán en la comisión de Presupuesto 2027 sobre los recursos destinados a la educación en la ley de gastos y recursos para el próximo año.
La controversia se centra en que el Gobierno propone destinar 7,3 billones de pesos a las Universidades Nacionales el año próximo, mientras que los rectores calcularon que necesitan 11 billones para funcionar con relativa tranquilidad. El otro punto de discordia es la ley de financiamiento universitario, que el Ejecutivo mantiene sin implementar.
En varios mensajes en la red social X, Álvarez justificó la posición del Gobierno en que «votaron una ley que asigna fondos por fuera de la Ley de Administración Financiera. Por tanto, resulta aplicable el artículo 5 de la Ley de Ejecución Presupuestaria». Esa norma establece que «toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional».
El proyecto del Gobierno establece destinar 7,3 billones de pesos, lo que implica un 25,4% de los recursos que reclaman las Universidades Nacionales. Además, obliga a las universidades a presentar ante el Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos transferidos y, en caso de incumplimiento, habilita a interrumpir las transferencias.
Asimismo, determina que deberá indicarse en los presupuestos aprobados, la ejecución presupuestaria y contable y en la cuenta de inversión de cada universidad la clasificación funcional de educación y cultura, salud y ciencia, tecnología e innovación.
Por último, establece que los aumentos salariales de 2027 se aplicarán sobre las plantas de personal docente y no docente vigentes a la liquidación de noviembre de 2026, salvo los incrementos de planta que apruebe y autorice el Ministerio de Capital Humano.
El presupuesto para 2027 es de 9,8 billones de pesos con reducciones en las becas Progresar, la asistencia a comedores escolares, los programas de Educación Sexual Integral (ESI), la infraestructura escolar y la formación docente. El único programa con fuerte crecimiento es el Plan Nacional de Alfabetización, al cual se destinarán 773.000 millones de pesos. También se mantiene la vigencia del reparto automático de recursos educativos a provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y municipios para cubrir gastos estrictamente ligados a la finalidad y función educación.