El organismo internacional informó que el fenómeno climático continuará fortaleciéndose y podría extenderse hasta los primeros meses de 2027, con impacto en las precipitaciones y temperaturas globales.
La Organización Meteorológica Mundial (OMM) presentó este jueves su informe mensual sobre el estado del fenómeno de El Niño, correspondiente al trimestre octubre-noviembre-diciembre. Según el documento, el evento climático «seguirá intensificándose antes de alcanzar su punto álgido, previsto para diciembre» y «es probable que conlleve temperaturas superiores a la media en gran parte del planeta».
El boletín señala que El Niño se desarrollará en su fase «muy fuerte» y que se extenderá hasta los primeros tres o cuatro meses de 2027. La OMM indicó que el fenómeno podría alterar las pautas de precipitación y aumentar el riesgo de sequías e inundaciones en diversas regiones.
El reporte detalla que la temperatura superficial del océano Pacífico se incrementará a niveles récord durante este trimestre, especialmente en el sector tropical y oriental. «Esto refleja el fortalecimiento de El Niño, que influirá en los patrones climáticos y tendrá un impacto en las economías, los ecosistemas y las comunidades de todo el mundo», afirmó el organismo.
Riesgo hídrico en la región pampeana
Ante la llegada de El Niño a la región pampeana, el investigador de la Fundación Tejido Urbano, Matías Araujo, sostuvo que es necesario analizar el riesgo hídrico de manera integral y no limitar la discusión a la intensidad de las precipitaciones o a la ejecución de obras.
Araujo explicó que las inundaciones son un fenómeno recurrente en buena parte de la región pampeana, pero que sus consecuencias dependen de múltiples factores: la amenaza, la cantidad de población y actividades expuestas, las condiciones previas de vulnerabilidad y la capacidad institucional para prevenir, responder y recuperarse.
«Las obras hidráulicas pueden contribuir a reducir la amenaza, pero no eliminan por sí solas el riesgo. La expansión urbana sobre áreas inundables, los cambios en los usos del suelo, la pérdida de superficies de amortiguación y las condiciones socio-habitacionales también inciden sobre la magnitud final del impacto», remarcó.
El investigador planteó que una inundación no produce las mismas consecuencias en todos los hogares ni en todos los territorios. «La misma inundación no produce el mismo daño. Las condiciones previas de los hogares determinan cuánto puede afectar un evento y qué capacidad existe para recuperarse posteriormente», dijo.
Araujo también señaló que la vulnerabilidad no se limita al interior de las viviendas, sino que existen factores territoriales que pueden modificar el comportamiento del agua o agravar sus efectos, como la ocupación de humedales y bajos, los rellenos y terraplenes, los déficits de saneamiento, los basurales, las actividades industriales o el uso de agroquímicos.
Asimismo, puso el foco en que el impacto de una inundación continúa después de que el agua baja. «La pérdida de viviendas, bienes e ingresos puede generar efectos prolongados sobre los hogares, especialmente entre aquellos con menor capacidad de ahorro o protección. Al mismo tiempo, el Estado debe reconstruir infraestructura, reponer servicios y destinar recursos extraordinarios a asistencia y recuperación», afirmó.
Finalmente, Araujo indicó que una política integral requiere combinar infraestructura hidráulica tradicional con reservorios, áreas de amortiguación, superficies permeables y otras soluciones basadas en la naturaleza. También exige intervenir sobre el crecimiento urbano, proteger áreas de reserva y evitar que continúe aumentando la exposición de población e infraestructura en zonas inundables. A esto se suma la necesidad de contar con monitoreo hidrometeorológico, mapas de riesgo actualizados, sistemas de alerta, códigos de ordenamiento, Defensa Civil, planes de emergencia y mecanismos de coordinación entre municipios, Provincia y organismos de cuenca.