El Ministerio Público de la Acusación solicitó información a bancos y billeteras virtuales para determinar si existieron cohechos. La causa tiene tres líneas: abandono de personas, posibles delitos de funcionarios públicos y una denuncia por retención de tarjetas y documentos de residentes.
La investigación judicial por el funcionamiento clandestino de un geriátrico en el barrio Nuevo Horizonte de la ciudad de Santa Fe avanza sobre la posible existencia de pagos o beneficios económicos entre la mujer señalada como administradora del lugar y funcionarios que habrían intervenido en la derivación o atención de adultos mayores.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitó información a una veintena de bancos y a una docena de billeteras virtuales, y analiza movimientos correspondientes al último año y medio. La pesquisa está a cargo del fiscal Marcelo Nessier y tiene tres líneas diferenciadas.
Primera línea: abandono y privación de la libertad
La primera línea se originó a partir de las condiciones en las que fueron encontrados siete adultos mayores después del incendio ocurrido el 29 de julio en el inmueble de calle Gollán al 10.100, en el norte de la ciudad capital. En ese expediente, la Fiscalía atribuyó a María Laura Milia Gamboa (45) responsabilidad por el delito de abandono de personas y privación ilegítima de la libertad. La mujer permanece en prisión preventiva desde el 11 de agosto, mientras que un hombre que trabajaba como cuidador recuperó la libertad bajo medidas alternativas.
El establecimiento no contaba con habilitación oficial y existían denuncias y presentaciones previas relacionadas con las condiciones de alojamiento de los adultos mayores. La Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación también inició una investigación administrativa sobre la actuación de dos fiscales que habían recibido denuncias antes del incendio.
Segunda línea: funcionarios públicos y posible cohecho
La segunda línea involucra a tres funcionarios y a la administradora del geriátrico. Se trata de dos empleados municipales y una asistente social vinculada al Hospital Protomédico de Recreo. Se investigan posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público, contemplados en el artículo 248 del Código Penal.
La Fiscalía ofició al área correspondiente de la Municipalidad de Santa Fe para que informe si existe una ordenanza o normativa que establezca cómo deben realizarse las derivaciones de asistentes sociales hacia hogares o centros de atención de adultos mayores. Además, se busca determinar si pudo existir un cohecho activo o pasivo entre la administradora y los tres funcionarios.
Para avanzar sobre esa hipótesis se solicitaron registros de operaciones bancarias y de billeteras virtuales pertenecientes a las cuatro personas involucradas en esta línea. Los pedidos abarcan aproximadamente un año y medio de movimientos hasta la fecha del incendio. Una vez reunida la documentación, la Fiscalía prevé solicitar la intervención del perito contador de la Corte Suprema de Justicia para analizar y cruzar los movimientos.
Tercera línea: tarjetas y documentos
La tercera investigación se inició a partir de la denuncia presentada por la hija de un hombre que había estado alojado anteriormente en el lugar y que no se encontraba allí cuando se produjo el incendio. La mujer denunció ante el MPA una presunta estafa y sostuvo que Milia habría retenido las tarjetas de cobro y los documentos de identidad de algunos de los adultos mayores alojados, impidiendo que fueran entregados a sus titulares o familiares.
Esta acusación se conecta con otros testimonios y presentaciones que ya habían puesto bajo la lupa el manejo del dinero de los residentes. Las denuncias previas incluyeron referencias al pedido de documentación bancaria y a la administración de recursos de personas alojadas en el establecimiento.
Mientras la causa por el abandono de los adultos mayores ya tiene una imputación y una medida cautelar vigente, la investigación más amplia intenta establecer qué ocurrió alrededor del funcionamiento del geriátrico y si existió una estructura que permitió sostener un establecimiento que funcionaba al margen de las habilitaciones y controles oficiales. La Fiscalía espera completar la información financiera para determinar si detrás de las irregularidades administrativas existió también un circuito de pagos que involucre a la administradora y a funcionarios públicos.