La provincia de Santa Fe alcanzó en agosto su mayor registro histórico con 2.731 nuevos juicios contra el sistema de Riesgos del Trabajo, un crecimiento interanual del 24,8%. Por segundo mes consecutivo, superó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en volumen de demandas.
La provincia de Santa Fe alcanzó en agosto su mayor registro histórico con 2.731 nuevos juicios contra el sistema de Riesgos del Trabajo, lo que representa un crecimiento interanual del 24,8%. Por segundo mes consecutivo, el territorio santafesino superó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en volumen de ingreso de demandas.
El escenario local se integra a una aceleración nacional que acumuló 87.553 nuevas demandas en los primeros ocho meses del año, tras ingresar 14.966 causas solo en agosto (+11,3% interanual). Así lo revela un nuevo reporte de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).
Los datos se conocen en medio de una disputa entre el gobierno de Javier Milei y lo que denomina «industria del juicio». Tiene como telón político de fondo el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instaurado por la reforma Constitucional de 1994 pero resistido por el peronismo, con incidencia en los tribunales que quedarán con tareas residuales.
En los últimos 12 meses se notificaron casi 137 mil juicios en todo el país, arrojando un promedio superior a las 11.400 demandas mensuales. Las proyecciones elaboradas por la UART indican que a fin de año el sistema habrá absorbido más de 138 mil demandas.
Este volumen representa el segundo nivel más alto de la historia, situándose apenas por debajo del pico registrado en marzo de 2017.
Desde la entidad aseguradora advirtieron que existe una paradoja: «cada vez menos accidentes y cada vez más demandas judiciales, la paradoja que pone en riesgo la sustentabilidad del sistema para empleadores y trabajadores».
Al analizar otras jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires quiebra la barrera de los 6.000 juicios mensuales con una variación del 16%, en tanto, CABA registró un alza del 4,2% en los primeros ocho meses. Entre las plazas de mayor litigiosidad, Entre Ríos encabeza la escalada con un incremento del 38%, mientras que Córdoba tuvo un aumento interanual del 28%.
Reformas que aún no muestran resultados
En el ámbito santafesino, la conflictividad persiste pese a los intentos de reforma institucional. En abril de 2026 se promulgó la Ley Provincial N° 14.437 para contener estas distorsiones. Sin embargo, se remarcó que «pese al consenso entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la conflictividad sigue en aumento reflejando una inercia que empuja los juicios hacia nuevos récords», señala la UART.
Para frenar esta tendencia, se impulsa el uso del Baremo y el Listado de Enfermedades Profesionales con Cuerpos Médicos Forenses. Al respecto, se enfatiza que «allí está hoy una de las claves para recuperar previsibilidad», agregando que «el desafío ya no es identificar las herramientas, sino lograr que la Justicia las aplique con celeridad y eficacia».
El Baremo al que alude la UART es la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales (normada formalmente por el Decreto 659/96 y sus actualizaciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo). Determina en forma tarifada qué porcentaje de incapacidad física o psíquica le corresponde a un trabajador ante un accidente laboral o enfermedad profesional.
El cuerpo médico forense de Santa Fe ya está operativo y se están incorporando protocolos de intervención y tipificaciones nuevas en los juzgados laborales («Accidentes de Trabajo – Procedimiento Abreviado» y similares).
Hay críticas de sectores que señalan que se necesita más personal o una implementación más estricta, mientras que desde el oficialismo y las ART se lo presenta como un avance clave hacia diagnósticos más objetivos y procesos más rápidos.
Reciente fallo de la CSJN
El mes pasado la UART resaltó un fallo de la Corte nacional en el caso «Pagani, Sergio Leandro Emanuel c/ Provincia ART S.A.s/ recurso Ley 27.348». El máximo tribunal revocó por unanimidad un fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT) que había elevado la condena a la ART (por considerarla insuficiente), pese a que el trabajador no había apelado la sentencia.
El máximo tribunal consideró que se había violado el principio de «reformatio in peius», una garantía procesal que impide reformar una sentencia en contra de quien la apeló, cuando la otra parte no la cuestiona, lo cual implicaba una afectación a la garantía de defensa en juicio.
Considerando lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Modernización Laboral -que exige a los jueces laborales alinear sus decisiones con la doctrina de la Corte bajo pena de incurrir en mal desempeño-, el fallo «Pagani» viene a sumarse a los precedentes de cumplimiento ineludible para las instancias inferiores.
La demanda por alta litigiosidad laboral fue una de las que presentó el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe, Javier Martín, en su discurso del almuerzo por el día de la industria. Lo hizo en el marco de una celebración que sentó a la mesa principal -entre otros- al gobernador Maximiliano Pullaro y al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez.