El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) difundió un reporte sobre la evolución del gasto devengado de la Administración Pública Nacional entre 2024 y 2026. El documento señala contracciones en educación, obra pública, transferencias a provincias, asistencia social y jubilaciones.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) publicó un informe sobre la evolución del gasto devengado de la Administración Pública Nacional (APN) durante los primeros tres años de gestión del gobierno de Javier Milei. El análisis abarca aproximadamente el 85 por ciento del gasto del Sector Público nacional y se difunde en la antesala del proyecto de presupuesto nacional para 2027, que ingresará al Congreso el 15 de septiembre.
De acuerdo con el reporte, las contracciones interanuales del gasto de la APN promedian una baja cercana al 32 por ciento en términos reales. El documento indica que la reducción acumulada representa una caída de 14 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) en tres años.
Obra pública
La partida de bienes de uso, que computa la ejecución de infraestructura financiada por el Estado nacional, registró una caída real acumulada del 83,6 por ciento. Según el informe, se suspendieron licitaciones, se neutralizaron contratos en ejecución y se detuvo la construcción de rutas nacionales, puentes, redes de agua potable, cloacas, viviendas sociales, obras de control de inundaciones y ampliación de infraestructura escolar y universitaria.
El documento señala que la decisión derivó en la pérdida de puestos de trabajo directos en el sector de la construcción y en que varias provincias debieron endeudarse o discontinuar obras.
Transferencias a provincias y municipios
Las transferencias corrientes a provincias y municipios registraron una caída real del 86,6 por ciento acumulado. El IARAF indica que esta partida representaba casi el 6 por ciento del gasto primario total antes del cambio de gestión y que prácticamente desapareció del esquema de giros de la Nación.
El informe añade que la parálisis de los recursos para infraestructura obligó a las administraciones locales a suspender proyectos o asumir con recursos propios obligaciones que históricamente contaban con cofinanciamiento nacional.
Educación
Las transferencias dirigidas a las universidades nacionales anotaron una contracción real acumulada del 39,7 por ciento. Según el IARAF, esta retracción en fondos de funcionamiento y salarios docentes representó el 5 por ciento de la explicación total de la baja del gasto público nacional.
El informe agrega que el impacto en educación no se limitó al ámbito superior: el cierre o licuación de programas nacionales de apoyo pedagógico, la paralización del financiamiento para equipamiento tecnológico e infraestructura escolar y la interrupción del envío de fondos de incentivo docente a las provincias llevaron la inversión nacional en educación a niveles no registrados en la última década en proporción al PBI.
Asistencia social
La categoría que agrupa las ayudas sociales directas a las personas y las asignaciones familiares registró una baja en términos reales del 30,6 por ciento. El documento sostiene que, dado que el rubro de ayuda social representaba originalmente un 16 por ciento de la estructura de erogaciones primarias del Estado, esta reducción explicó por sí sola el 14,4 por ciento de toda la reducción del gasto público acumulada.
El informe atribuye el achicamiento de la cobertura social en términos de poder de compra a la reorganización de los programas con intermediarios, la falta de actualización frente a los índices de inflación acumulada y la reestructuración de los esquemas de comedores y subsidios.
Composición del ajuste
El IARAF detalla que el 42 por ciento del ajuste total realizado por la APN se explica por el recorte de transferencias a empresas públicas y fondos fiduciarios, y al sector privado. El informe desglosa la incidencia de cada rubro en la reducción general:
- Empresas Públicas y Fondos Fiduciarios: 23,6 por ciento del ajuste global, con una caída real del 62,1 por ciento en sus partidas.
- Sector privado (subsidios a energía y transporte): 14,9 por ciento del recorte total, con una baja real del 59,3 por ciento.
- Ayudas sociales a personas y Asignaciones Familiares: 14,4 por ciento de la caída presupuestaria, con una caída real del 30,6 por ciento.
- Provincias y Municipios: 13 por ciento del ajuste total, con un recorte real del 86,6 por ciento.
- Gastos de Personal: 10,6 por ciento de la reducción, con una caída del 28,9 por ciento por bajas de personal y readecuación salarial.
- Jubilaciones y Pensiones: 10,1 por ciento de la baja general, con una caída real del 8,2 por ciento.
- Obra pública y Bienes de uso: 5,2 por ciento sobre la baja total, con una reducción real del 83,6 por ciento.
- Universidades Nacionales: 5 por ciento de la reducción general del gasto, con una caída real del 39,7 por ciento.
El informe del IARAF se conoce antes de que el Poder Ejecutivo presente el proyecto de presupuesto nacional para 2027 en el Congreso, previsto para el 15 de septiembre.