Una investigación publicada en la revista Nature determinó que entre 2009 y 2024 se perdieron 490.000 hectáreas de bosque en El Impenetrable chaqueño, a partir de permisos y recategorizaciones que permitieron legalizar desmontes no permitidos.
Un estudio publicado en la revista Nature, liderado por los científicos argentinos Matías Mastrángelo, Sebastián Aguiar y Vera Krause, determinó que entre 2009 y 2024 la región de El Impenetrable, en la provincia del Chaco, perdió 490.000 hectáreas de bosque nativo. El trabajo relevó 15.042 permisos de uso forestal, 127.632 guías de transporte de madera y decisiones oficiales del período mencionado.
Según el informe, las autoridades provinciales implementaron recategorizaciones de tierras, permisos silvopastoriles que derivaron en desmontes totales y autorizaciones para extraer más madera de la que el bosque podía producir. Estas maniobras se registraron de manera sistemática, no excepcional.
El estudio indica que entre el 16% y el 28% de los permisos habilitaron la extracción de dos a tres veces la cantidad de madera disponible. El equipo interpretó que ese excedente permitió incorporar al circuito legal madera obtenida en zonas clasificadas como «rojas», donde el desmonte no está permitido.
En 2024, el 55% de la madera extraída en la provincia del Chaco provino de desmontes ilegales mediante «autorizaciones especiales», según los datos del estudio. Las multas aplicadas no implicaron un freno a la actividad.
Ese mismo año, una modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos excluyó 270.000 hectáreas desmontadas ilegalmente y redujo la protección de otras 220.000 hectáreas. La votación ocurrió durante la madrugada y fue denunciada por organizaciones ambientalistas.
Débora Páez, de Somos Monte, declaró en ese momento: «Con lo que se votó anoche se viola el principio de no regresividad ambiental presente desde la ley general de ambiente. También es violatorio en cuanto a los procedimientos, ya que no se realizaron los procesos participativos y técnicos que establecen la ley y el Consejo Federal de Ambiente. Es violatorio en el contenido de la norma, ya que no cumple con el requisito de no regresividad ambiental. Es violatorio de leyes internacionales».
El artículo en Nature detalla seis estrategias administrativas que promovieron la deforestación y redujeron la protección de bosques nativos en Chaco. Estas estrategias se dieron durante los mandatos de Jorge Capitanich (PJ), Juan Carlos Bacileff Ivanoff (PJ), Domingo Peppo (PJ) y Leandro Zdero (UCR).
La ley de bosques nativos exige que las provincias cuenten con un ordenamiento territorial que clasifique las zonas según su nivel de conservación: rojo (inalterable), amarillo (actividades de bajo impacto) y verde (modificación con autorización). La clasificación debería revisarse cada cinco años.
El estudio señala que, ante el pedido de 60 grandes propietarios, las autoridades chaqueñas recategorizaron en 2012 zonas protegidas de amarillo a verde. Entre 2013 y 2018, esas empresas desmontaron 34.300 hectáreas. Este mecanismo se repitió de forma sistemática.
En zonas amarillas, el 64% del área forestal con permiso de manejo silvopastoril resultó indistinguible de tierra completamente desmontada, debido a la mortalidad gradual de los árboles dispersos. Además, se otorgaron permisos para extraer más del doble de lo que el bosque podía proveer.
De los casi 8.000 permisos otorgados entre 2010 y 2024, sobre una superficie de 784.000 hectáreas, se superaron los límites de extracción en el 28% de las autorizaciones de uso silvopastoril y en el 22% de las de extracción selectiva.
Las autoridades actuales afirmaron que redujeron este tipo de maniobras durante su gestión, pero el estudio, que analizó hasta 2024, no refleja esa reducción. En ese año, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunció un mecanismo de corrupción en los permisos y la fiscalización de los desmontes.
El abogado ambientalista Enrique Viale declaró: «Nuestra investigación revela el entramado político-empresarial detrás del desmonte en Chaco».
El estudio también documentó la práctica de «blanquear» madera obtenida en desmontes ilegales. La autoridad subnacional emitió autorizaciones especiales sobre 6.800 hectáreas hasta 2019, mientras que entre 2020 y 2024 emitió autorizaciones sobre 62.700 hectáreas, casi diez veces más que en la década previa. En 2024, el 55% de la madera extraída en Chaco provino de desmontes ilegales a través de esas autorizaciones.