El juez de Menores de Rosario, Alejandro Cardinale, señaló que la provincia no cuenta con información oficial sobre la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que reducirá la edad de imputabilidad a 14 años a partir del 5 de septiembre.
El juez de Menores de Rosario, Alejandro Cardinale, planteó que la ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil, no cuenta con directivas concretas para su implementación en la provincia de Santa Fe. La normativa nacional comenzará a regir el próximo 5 de septiembre y reducirá la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Cardinale, designado en 2018, afirmó que hasta el momento no existe información oficial suficiente sobre cómo se aplicará el régimen en la provincia. «Todo está dispuesto, pero no está clara la implementación», declaró el magistrado.
La ley 27.801 establece que los adolescentes de 14 a 17 años podrán ser investigados y sometidos a un proceso penal. Las penas de prisión tendrán un máximo de 15 años y se prohíbe la prisión perpetua. Para los menores de 14 años, la escala penal se reduce a la mitad. Según la normativa, si la pena prevista es de hasta tres años, se priorizan medidas como amonestaciones, trabajos comunitarios o monitoreo electrónico.
El juez sostuvo que hay falta de definiciones institucionales para aplicar el régimen. «Son oficinas, personas, cargos, plata», indicó. Además, destacó que «no hay en el fuero penal juvenil una sección juvenil especial y tampoco se implementó el cargo de asesor tutelar para la reinserción de los menores imputados». Cardinale calificó como «terraplanismo punitivista» la consigna que equipara automáticamente el delito cometido por un adolescente con la pena de un adulto.
La ley prevé una estructura de intervención especializada, seguimiento interdisciplinario, educación, salud, tratamiento de adicciones, supervisores y establecimientos específicos para menores de edad. Cardinale señaló que en el sistema anterior los jueces tenían un entorno para conocer el contexto del niño y su problemática, mientras que ahora no hay una complementación definida entre la secretaría de la Niñez y otras áreas de la Justicia.
«Los chicos con esta situación están atravesados por consumo, entorno familiar problemático y situaciones de salud mental, y por el momento no existe una situación de diálogo como en el sistema anterior», afirmó. También señaló que la incidencia de menores como actores del delito es «ínfima» en las audiencias imputativas.
Cardinale expresó sus dudas sobre la implementación: «¿Qué ocurre con un adolescente con problemas de consumo? ¿Quién realizará su seguimiento? ¿Qué profesionales integrarán esos equipos? ¿Existen actualmente los institutos especializados necesarios? ¿Cómo se financiará toda esa estructura?»
Durante el debate previo a la sanción de la ley, Cardinale había señalado que el sistema penal es selectivo y que la reforma no aborda las causas estructurales del delito. También había mencionado que Argentina incumplía compromisos internacionales y observaciones del Comité de los Derechos del Niño, que instan a no reducir la edad de punibilidad. Además, había descrito la respuesta estatal en los lugares de encierro como «aberrante y cruel», lo que podría reforzar trayectorias delictivas.
El magistrado había afirmado que la población de adolescentes vinculada a actividades delictivas es mínima y que asociarla con un problema de seguridad pública «es una falacia» que no se condice con las estadísticas oficiales.