La Comisión de Ambiente y Trabajo Social del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Santa Fe 2º Circ. emitió un comunicado en el Día de la Tierra en el que señaló la desigualdad en la distribución de bienes y servicios públicos y su impacto en la salud de los sectores vulnerables.
La Comisión de Ambiente y Trabajo Social del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Santa Fe 2º Circ. publicó un comunicado con motivo del Día de la Tierra, en el que abordó la relación entre el deterioro ambiental y la desigualdad estructural en los centros urbanos.
El texto sostiene que el deterioro ambiental no impacta de manera homogénea y que los sectores populares son los más expuestos a riesgos sociales, ambientales y climáticos. Como ejemplo, mencionó la proliferación de basurales y microbasurales en barrios con mayor vulnerabilidad social, en contraste con los cascos históricos o centros de las ciudades, que cuentan con servicios públicos de recolección y separación de residuos.
La comisión señaló que la desigualdad en el acceso a agua potable, electricidad, gas, cloacas, calles y transporte, junto con la escasez de recursos económicos y la exposición a fenómenos climáticos como anegamientos e inundaciones, afecta las condiciones de habitabilidad y la salud colectiva.
El comunicado mencionó iniciativas como la Ley Yolanda, que establece la formación obligatoria en ambiente y cambio climático para funcionarios públicos, y la Red de Refugios Climáticos en Rosario, pero indicó que la falta de acceso a espacios frescos y agua segura sigue siendo una urgencia cotidiana.
En relación con la alimentación, la comisión destacó experiencias de agricultura urbana y agroecología en Rosario, que cuenta con más de 40 hectáreas cultivables y 12 parques huerta. Señaló que estas prácticas permiten el acceso a alimentos saludables y fortalecen economías locales.
También expresó preocupación por el aumento de enfermedades asociadas a una alimentación inadecuada, como la diabetes, y afirmó que las políticas de asistencia alimentaria no se asocian a su incidencia en la salud de los destinatarios.
El documento concluye que la defensa del ambiente es una condición para la vida digna y que el acceso a un territorio soberano es un derecho humano inalienable.