La concejala de Rosario, Norma López, presentó un pedido de informes para que el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe detalle el marco legal del operativo que derivó en el secuestro de una bandera con la leyenda ‘Las tierras no se venden, las tierras se defienden’ durante el partido Newell’s vs. Boca Juniors.
La concejala de la ciudad de Rosario, Norma López, presentó un proyecto de pedido de informes ante el Concejo Municipal para que el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe detalle el marco legal, los protocolos y los criterios aplicados en el operativo de seguridad del pasado domingo en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.
Durante los controles de ingreso al partido entre Newell’s y Boca Juniors, las fuerzas de seguridad retiraron y posteriormente secuestraron una bandera con la leyenda «Las tierras no se venden, las tierras se defienden», en referencia al rechazo social frente a los intentos de derogación o flexibilización de la Ley de Tierras (Ley 26.737), norma que regula la protección de la soberanía territorial y los recursos naturales.
El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad provincial, Federico Angelini, justificó el accionar al afirmar que el mensaje «no tenía nada que ver con un espectáculo deportivo». En respuesta, la edila López sostuvo que se trata de un acto arbitrario que vulnera derechos fundamentales. «La manifestación pacífica de opiniones políticas forma parte de las garantías constitucionales y tiene una protección reforzada cuando se trata de expresiones críticas hacia decisiones de gobierno. La libertad de expresión no puede quedar librada a decisiones discrecionales ni convertirse en una forma de censura encubierta», declaró.
El episodio ocurre en el marco de la marcha nacional convocada para el 6 de agosto al Congreso de la Nación, con réplicas en Rosario y otras ciudades de la provincia, en rechazo a proyectos parlamentarios y decretos que buscan derogar o modificar la Ley de Tierras para permitir la venta de suelo argentino a capitales extranjeros.
«Si no hay delito, ni contravención, es una clara actitud que coarta la libertad de expresión. Nosotros creíamos que la Policía del Pensamiento estaba en los libros, pero es evidente que actúan contra derecho: tanto funcionarios como autoridades policiales. Si el Estado decide restringir un derecho garantizado por la Constitución, tiene la obligación de explicar con absoluta claridad cuáles fueron sus fundamentos y cuál fue el marco legal utilizado», concluyó la concejala.