La Cámara Alta pospone su próxima sesión hasta mediados de julio, con temas como propiedad privada, pliegos judiciales y la ley Hojarasca en agenda.
El oficialismo demoraría la sesión del Senado de la Nación hasta mediados de julio, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió citar para la próxima semana la Labor Parlamentaria, según consta en la resolución firmada por el secretario parlamentario Agustín Gustinian.
La sesión ordinaria estaba prevista para el miércoles 8 de julio, pero la convocatoria a Labor Parlamentaria para el mismo día a las 12, previo al feriado, retrasó la reunión plenaria. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), había buscado sesionar esa fecha para tratar la propuesta de propiedad privada, la ley Hojarasca y pliegos judiciales. Bullrich afirmó que la vicepresidenta «mandó labor parlamentaria para el 8, así que la sesión será recién una semana después».
Otro factor que complicó la sesión fue que algunos legisladores, como la tucumana Beatriz Ávila, debían estar en su provincia para la vigilia del 8 de julio, previo a los actos de la Fiesta de la Independencia. De esta manera, la sesión se realizaría entre el 15 y 16 de julio, aunque la fecha final se acordará en la reunión de Labor Parlamentaria.
El proyecto central que se tratará será el de propiedad privada, que incluye cambios a la propuesta del Gobierno para eliminar restricciones a la compra de tierras rurales por parte de empresarios extranjeros. Según fuentes parlamentarias, en la versión número 12 del dictamen se mantuvo la prohibición de que un Estado extranjero compre tierras, ni una empresa privada con capital de algún país extranjero. En zonas de frontera, se requerirá el aval de las provincias, del Gobierno y del Congreso Nacional.
La iniciativa impulsada por el Gobierno contiene reformas a la ley de tierras sobre desalojos, expropiaciones y la ley de manejo del fuego. La medida, diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tuvo modificaciones sustanciales: se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
La Libertad Avanza también busca aprobar siete pliegos judiciales, entre los que figura una prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien debe tener el aval del Senado para continuar en su cargo antes de cumplir los 75 años el 27 de julio.
En la misma sesión, el oficialismo quiere convertir el proyecto de ley Hojarasca, que deroga unas 70 iniciativas consideradas obsoletas o que perdieron vigencia ante los avances tecnológicos. Una de las normas que se busca eliminar es la ley 20.120, que obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. También se intenta eliminar la ley 20.983 de 1975, que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional.