La Justicia Federal investiga a Federico Sharif Menem, Director General de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados, por un posible incremento patrimonial no justificado. La denuncia fue presentada por la diputada Marcela Pagano.
El patrimonio de Federico Sharif Menem, funcionario de la Cámara de Diputados, es objeto de una investigación en los tribunales de Comodoro Py. La denuncia penal presentada por la diputada nacional Marcela Pagano quedó radicada en la Justicia Federal y apunta a determinar si el crecimiento económico del funcionario tuvo un origen compatible con sus ingresos declarados.
El expediente, registrado bajo el número CFP 3147/2026, quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 8, que encabeza Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención de la fiscalía de Eduardo Taiano. La presentación solicita avanzar sobre medidas de prueba y cautelares.
La denuncia alcanza a Federico Sharif Menem, actual Director General de la Secretaría Privada de la Presidencia de la Cámara de Diputados, y pide investigar a todas las personas físicas y jurídicas que pudieran haber participado, incluidos funcionarios del Banco Nación y personas vinculadas al entramado societario mencionado.
Según el escrito de Pagano, los hechos podrían encuadrarse en los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa y falsedad en declaraciones juradas, negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta y lavado de activos.
La presentación toma como base una investigación periodística que expuso la evolución patrimonial del funcionario, la compra de un inmueble de alta gama, el acceso a un crédito hipotecario millonario y la existencia de sociedades comerciales en Argentina y España.
Uno de los ejes de la denuncia es el crecimiento patrimonial declarado durante un ejercicio: su patrimonio neto pasó de 13,3 millones de pesos a 57,5 millones, un incremento superior a cuatro veces respecto del período anterior. La presentación sostiene que esa evolución no encontraría respaldo en su sueldo en la Cámara de Diputados, que no superaría los 4,5 millones de pesos mensuales.
La denuncia también señala inconsistencias en las declaraciones juradas, como un rubro de 25,5 millones de pesos consignado como ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias sin identificar el origen. En relación a la tenencia de moneda extranjera, al inicio del período declaró 4.000 dólares y un Toyota Corolla; al cierre declaró 26.300 dólares, atribuyendo parte del incremento a la venta del vehículo, que continúa figurando en su patrimonio.
La presentación solicita que la Oficina Anticorrupción remita todas las versiones de las declaraciones juradas, originales y rectificadas. También pone el foco en un crédito hipotecario de $378.564.000 del Banco Nación para la compra de un dúplex en la Ciudad de Buenos Aires, y pide acumular el caso con otras causas sobre créditos a funcionarios del oficialismo.
Otro eje apunta al entramado societario de Protegat S.R.L. en Argentina y Protegat Inversiones S.L. en España. La diputada solicitó investigar el origen de esas sociedades, movimientos migratorios y posibles movimientos de fondos entre ambos países, requiriendo informes a organismos nacionales y españoles.
La presentación reclama la inhibición general de bienes y el embargo preventivo sobre cuentas, participaciones societarias y el inmueble adquirido. La causa quedó radicada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención de la fiscalía de Eduardo Taiano.