La provincia de Santa Fe aplicó un sistema de cobro a responsables de falsas amenazas en escuelas, pero solo seis de 53 notificaciones fueron abonadas. El costo total de los operativos fue de $139.429.864 y lo recaudado alcanzó $9.824.430.
La provincia de Santa Fe implementó un mecanismo para recuperar los costos de los operativos de seguridad desplegados ante falsas amenazas en escuelas. Según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad, de las 53 notificaciones enviadas a familias de alumnos identificados por realizar denuncias falsas, solo seis fueron abonadas.
Los operativos en toda la provincia demandaron una inversión estimada de $139.429.864, mientras que los pagos efectivamente realizados alcanzaron $9.824.430, lo que representa el 7,2% del total reclamado.
La medida comenzó a aplicarse a fines de abril, luego de una ola de amenazas registrada tras el crimen de un adolescente dentro de una escuela de San Cristóbal el 30 de marzo. Durante varias semanas, las falsas alertas obligaron a evacuar establecimientos y movilizar recursos policiales y de emergencia.
Las 53 intimaciones se distribuyeron en distintos departamentos. La mayor cantidad se registró en la Unidad Regional XVII de San Lorenzo, con 10 casos, seguida por Rosario (7), La Capital (6) y Las Colonias (6). También hubo notificaciones en Caseros, Constitución, San Martín, Garay, Iriondo, General Obligado y San Javier.
De las seis sanciones abonadas, tres corresponden a San Lorenzo, con pagos de $805.443 cada uno. En Rosario se registró un único pago por $2.838.352, mientras que en la ciudad de Santa Fe se abonó una sanción de $1.009.442. El monto más elevado fue cancelado en el departamento Iriondo, por $3.560.307.
Desde el Gobierno provincial señalaron que, en los casos donde no se efectiviza el pago, interviene la Fiscalía de Estado, a cargo de Domingo Rondina, para iniciar las acciones judiciales correspondientes.
Las autoridades destacaron que la estrategia cumplió su principal objetivo: desalentar las amenazas. En los días previos a la implementación se registraban hasta 80 denuncias falsas por día, cifra que descendió a unas 15 y luego prácticamente desapareció.
La medida también generó impugnaciones. Diversos abogados presentaron cuestionamientos al considerar que muchas de las conductas investigadas no encuadran en el delito de amenazas, ya que no existiría una víctima determinada ni una situación concreta de coerción. Además, algunos planteos sostienen que el Estado no puede exigir el pago de estos montos sin una resolución judicial previa que determine la responsabilidad de los acusados.
Mientras esos cuestionamientos avanzan en los tribunales, la provincia continúa con los reclamos para recuperar parte de los recursos destinados a los operativos ante las falsas amenazas en establecimientos educativos.