La organización de derechos humanos presentó una demanda judicial contra la intendencia de San Isidro por implementar un protocolo que, según sostiene, obstaculiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, en el marco de la Ley 27.610.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional presentó una demanda judicial contra la intendencia del partido bonaerense de San Isidro por implementar un protocolo en los sanatorios municipales que, según afirmó, obstaculiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), un derecho establecido por la Ley 27.610.
Según el documento presentado ante la Justicia, tras investigaciones y la recolección de testimonios, el Municipio reconoció ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.° 2 de San Isidro haber permitido la aplicación de un protocolo paralelo, que violaría la normativa nacional.
Amnistía Internacional sostuvo que este procedimiento sometía a las personas que acudían a los sanatorios en busca de asesoramiento e intervenciones quirúrgicas a un cuestionario psicológico. La organización indicó que el objetivo era desmoralizar a las solicitantes y hacerlas cambiar de parecer sobre su decisión. También señaló que se buscaba demorarlas para que recurrieran a otro distrito, generalmente San Martín.
Una de las afectadas declaró a la ONG: “Cuando llegué me derivaron a un consultorio llamado ‘Maternidades vulnerables’. Me mostraron un muñeco y me hicieron llorar”. Y agregó: “No buscaban escucharme, ayudarme… Fue una experiencia muy dolorosa”.
Otra víctima relató que le enseñaron una estatuilla de la Virgen María y le dijeron: “Tal vez esta es la hija que te faltaba”. También le pidieron que “conectara” con su embarazo.
Según denunció Amnistía Internacional, con este protocolo el Municipio promovió “un manejo indebido de datos personales”, comprometiendo “la confidencialidad y el secreto médico”. La organización afirmó: “Esto puede provocar demoras injustificadas, influir en la decisión de mujeres y personas gestantes, y dificultar que accedan a la práctica a tiempo”.
El concejal Manuel Schupisser (UxP) presentó pedidos de informes al Concejo Deliberante, sin obtener respuestas oficiales desde el Ejecutivo local. Dado que la respuesta tiene valor legal y mentir puede ocasionar perjuicios mayores, el municipio reconoció la existencia de dicho protocolo.
Entre otros planteos, señalaron que el protocolo impide que las interrupciones del embarazo sean garantizadas en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), concentrando la atención exclusivamente en el Hospital Materno Infantil de San Isidro.
La organización indicó: “Esta restricción limita la accesibilidad a la salud y resulta contraria al principio de atención integral y oportuna previsto por la legislación vigente. En la práctica, puede implicar una objeción de conciencia institucional impuesta, lo que está expresamente prohibido”.
Asimismo, Amnistía Internacional advirtió que el protocolo coloca en una situación de riesgo a los propios equipos de salud. Señalaron que la Ley 27.610 incorporó al Código Penal sanciones para quienes dilaten injustificadamente, obstaculicen o se nieguen a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.
La demanda se inscribe en el trabajo que la organización viene realizando en el municipio frente a la persistencia de barreras en el acceso al aborto. Durante 2024 y 2025, Amnistía Internacional recibió testimonios de mujeres y personas gestantes que describieron la existencia de este circuito de obstrucción en el Hospital Materno Infantil.
Entre las prácticas reportadas se encuentran la exigencia de requisitos no contemplados por la ley, comentarios moralizantes, la presunta intervención de personas ajenas al equipo de salud en el proceso de atención e incluso situaciones en las que se intentó desalentar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos.
Luego del acceso, muchas de las víctimas denunciaron haber sido contactadas de forma insistente por mujeres que se presentaban como personal del hospital para averiguar si habían completado el procedimiento. La organización determinó: “Difícilmente esta práctica puede entenderse como seguimiento clínico de rutina, respetuoso de la privacidad y la autonomía de las pacientes. Por el contrario, plantea serios interrogantes sobre el posible uso de datos personales obtenidos en el marco de la atención sanitaria”.
Durante 2026, la organización continuó recibiendo nuevos testimonios de mujeres que enfrentaron barreras para acceder al aborto en el municipio. Asimismo, relevó testimonios de profesionales de la salud que señalaron presiones para declararse objetores de conciencia en el Hospital Materno Infantil, bajo amenazas o apercibimientos laborales, en posible vulneración de sus derechos.