La Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen expresaron su preocupación por la iniciativa y solicitaron a los legisladores su rechazo.
En una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) expresaron su preocupación por el proyecto de ley de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, y solicitaron el rechazo del Congreso a la iniciativa.
Los representantes de la Iglesia sostuvieron que esta normativa «atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse». Citando al Papa León XIV, señalaron que los bienes de la tierra deben estar al servicio de toda la humanidad.
Entre las preocupaciones mencionadas se encuentra la eliminación de limitaciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, lo que podría dar acceso ilimitado a tierras asociadas a reservas de agua y otros recursos naturales. También alertaron sobre la derogación de restricciones ambientales que impedían el uso inmediato de tierras arrasadas por incendios forestales.
La Pastoral Social, Cáritas y Endepa argumentaron que «este proyecto debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros».
En el comunicado remarcaron que «cuidar la tierra es cuidar la vida» y que «para las comunidades rurales, campesinas e indígenas, la tierra es identidad, cultura, memoria y futuro», por lo que no puede ser tratada como una «simple mercancía» o «recurso financiero».
Además, resaltaron la necesidad de abordar la crisis habitacional en Argentina, planteando que la ley debe facilitar el acceso a una vivienda digna para todas las familias, promoviendo un marco legal justo para inquilinos y propietarios. Exigieron que la política garantice un marco jurídico razonable y justo para los alquileres que equilibre las necesidades de propietarios e inquilinos.
Finalmente, instaron a los legisladores a anteponer el bien común y las generaciones venideras a intereses particulares. «Pedimos a quienes intervengan en el debate de este proyecto, guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares, poniendo en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad», concluyeron.