El Juzgado Federal N° 2 de Córdoba procesó al propietario de una clínica de fertilización asistida y a dos colaboradores por trata de personas con fines de explotación reproductiva, agravada por el abuso de la situación de vulnerabilidad.
El Juzgado Federal N° 2 de Córdoba, a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes, procesó al dueño de la clínica de fertilización asistida Fecundart, a una empleada administrativa de la misma y a un abogado por el delito de trata de personas con fines de explotación, en su modalidad de reducción a la servidumbre y explotación reproductiva, agravada por el abuso de la situación de vulnerabilidad. La decisión se tomó en sintonía con lo requerido por la Fiscalía Federal N° 1 de Córdoba, a cargo de Enrique Senestrari, el fiscal general Carlos Gonella y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), representada por Alejandra Magnano.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los imputados captaron a mujeres en condiciones de vulnerabilidad estructural —pobreza extrema, falta de empleo formal y crianza monoparental— para explotarlas como gestantes mediante técnicas de reproducción humana asistida. La clínica, ubicada en el barrio Nueva Córdoba, utilizaba su base de datos de donantes de óvulos para identificar a mujeres con necesidades económicas urgentes. Inicialmente, las mujeres acudían a cambio de una pequeña compensación por donar gametos y luego eran tentadas para subrogar sus vientres por sumas que rondaban los 10 mil dólares.
El juez Sánchez Freytes indicó que tanto el dueño de la clínica como la empleada avanzaban con los tratamientos médicos con conocimiento de la vulnerabilidad de las víctimas. En algunos casos, realizaron transferencias embrionarias sin autorización judicial previa, lo que fue considerado una maniobra evasiva de los controles destinados a verificar la libertad del consentimiento. La investigación también reveló que la clínica abandonó el seguimiento post parto de una de las víctimas, quien sufrió complicaciones tras una cesárea y un cuadro de hipertensión.
El abogado procesado fue señalado como quien administraba un stock de gestantes y personas que recurrían a la clínica para gestación por sustitución. Según la investigación, impartía órdenes a las víctimas para engañar a jueces de familia, indicándoles que debían invocar una amistad previa inexistente con los comitentes. En el peritaje de su teléfono se encontraron mensajes en los que instruía a las mujeres sobre qué memorizar antes de las audiencias y les indicaba que no hablaran de más. En un caso, ofreció como gestante a una mujer de 33 años apenas 45 días después de que hubiera dado a luz otro niño mediante el mismo procedimiento, lo que la expuso a riesgos mortales como rotura uterina por el reducido intervalo intergenésico.
En el fallo, el juez Sánchez Freytes remarcó que, si bien la gestación por sustitución no está expresamente prohibida en Argentina y ha sido admitida judicialmente en casos con fines solidarios, la práctica realizada por los acusados puede transformarse en una vía para la trata cuando el arreglo está marcado por la explotación, el abuso de poder y la desprotección absoluta de la gestante. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Protocolo de Palermo, advirtiendo que la ausencia de ley no autoriza el comercio o alquiler de vientres.
Además, el juez dictó el sobreseimiento del director de otra clínica que era objeto de la investigación junto con Fecundart, al entender que se manejó dentro de los protocolos profesionales, ya que su institución exigía autorización judicial previa antes de cualquier transferencia embrionaria. El Ministerio Público Fiscal presentó una apelación ante la Cámara Federal de Córdoba. También fueron sobreseídos dos empleadas de ambas clínicas, dos abogados y un inspector municipal, al considerar que obraron sin conocimiento de la trama de captación.
El juez federal embargó a los imputados por 1.051.200.000 pesos para asegurar las reparaciones a las víctimas.