La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario emitió un comunicado en el que rechaza el proyecto de reforma judicial y de seguridad enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura, al considerar que afecta garantías procesales básicas.
La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario publicó un comunicado esta semana en el que expresó su rechazo al paquete de reformas judiciales y de seguridad enviado por el Poder Ejecutivo santafesino a la Legislatura, bajo el nombre de “Herramientas para el fortalecimiento de la Seguridad Pública”.
En el escrito, los abogados señalaron que la iniciativa introduce modificaciones al Código Procesal Penal y a diversas leyes vigentes, y afirmaron que contiene disposiciones que, según su interpretación, vulneran garantías básicas del proceso penal.
El proyecto oficial contempla 11 puntos principales, entre los que se incluyen mayores facultades de investigación para la Policía y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), agilización de procesos de flagrancia, endurecimiento de regímenes de aislamiento para presos de alto perfil, creación de “zonas de intervención especiales” con restricción de derechos de circulación e inhabilitación de inmuebles vinculados al narcotráfico.
Los abogados penalistas sostuvieron que algunas de las atribuciones otorgadas a las fuerzas policiales habían sido eliminadas con la implementación del sistema acusatorio en 2014. También cuestionaron que se asignen a los fiscales funciones que, según indicaron, corresponden constitucionalmente a los jueces, como la habilitación de allanamientos sin orden judicial, la flexibilización para aceptar pruebas bajo justificación de “buena fe” policial, medidas de restricción de la libertad impuestas por decreto y la posibilidad de que el órgano acusador dicte sentencias condenatorias sin juicio previo.
Además, la asociación advirtió sobre un artículo del proyecto que habilita la “injerencia en derechos fundamentales” de manera preventiva, permitiendo al Estado acceder a la intimidad de las personas, sus comunicaciones y dispositivos tecnológicos sin causa previa o sospecha fundada.
Desde la entidad señalaron que, de aprobarse la ley en su redacción actual, se podrían generar planteos de inconstitucionalidad ante tribunales provinciales, nacionales e internacionales, lo que podría derivar en sanciones y responsabilidades económicas para el Estado santafesino. Ante esto, solicitaron a las autoridades del Ejecutivo y a los legisladores frenar el tratamiento del proyecto, rediseñarlo y convocar a un debate con todos los actores del sistema judicial.