La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó un informe crítico sobre el proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal, señalando posibles vicios que afectarían la transparencia y podrían generar conflictos judiciales.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) hizo público este viernes un informe detallado sobre el proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal, conocida como Hidrovía, que conecta los puertos y terminales de los ríos Paraná y de la Plata con el océano. El organismo, conducido por Sergio Rodríguez, presentó el documento ante la Secretaría de Transporte, advirtiendo sobre vicios que podrían afectar la transparencia de la adjudicación y generar, de continuar el proceso, casi seguros conflictos judiciales.
El dictamen de la PIA fue presentado ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, a cargo de Guillermo Marijuan. El informe señala que las irregularidades detectadas podrían configurar reproches de naturaleza administrativa y, eventualmente, derivar en responsabilidades penales.
En diciembre de 2025, por Resolución 67/2025, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) llamó a la Licitación Pública Nacional e Internacional 1/2025 y aprobó los pliegos de bases y condiciones y de especificaciones técnicas. Sobre esa licitación, la PIA recibió denuncias de organizaciones ambientalistas, consorcios portuarios y una de las firmas participantes, alertando sobre irregularidades en el procedimiento y en los pliegos licitatorios.
La Procuraduría alertó sobre el incumplimiento de la Ley 27566 del Acuerdo de Escazú en lo relativo al acceso a la información ambiental durante la Audiencia Pública Informativa. Señala que la agencia de puertos presentó un volumen excesivo de información (más de 9.000 páginas) en un plazo breve para su consideración, lo que impidió una participación ciudadana real y efectiva, reduciendo el proceso a un cumplimiento meramente formal.
Entre los puntos más críticos del informe se encuentran: condiciones para la cesión del contrato, inadecuada redacción de la Cláusula Anticorrupción, limitación a la posibilidad de impugnar por parte de los oferentes, limitación a la participación de ciertas formas asociativas, distorsión en la forma de evaluación de las ofertas, falta de justificación para la deuda pendiente con acreedores actuales, omisión de la Evaluación de Impacto Ambiental y deficiencias en las intervenciones del servicio jurídico permanente de la ANPYN.
En paralelo, la administración de Javier Milei difundió un comunicado oficial celebrando que el proceso avanza de manera «exitosa», con apoyo multisectorial y «sin impugnaciones». El Ejecutivo confirmó que el próximo martes ejecutará la tercera etapa con la apertura de las propuestas económicas, un paso decisivo para ceder el cobro de los peajes fluviales por los próximos 25 años.
Entre los postulados para quedarse con la concesión está la firma belga Jan de Nul, asociada con la empresa local Servimagnus, y la también belga DEME, que conformó una alianza con las compañías norteamericanas Great Lakes, Clear Street y el fondo de inversión KKR.