El Tribunal Oral Federal de San Juan condenó a un matrimonio y su hijo, integrantes de la comunidad gitana, por captar, trasladar y explotar a una menor. La víctima fue sometida a servidumbre sexual, doméstica y laboral entre los 13 y 16 años.
Un matrimonio y su hijo de 24 años, pertenecientes a la comunidad gitana, fueron condenados a diez años de prisión por el delito de trata de personas agravada. La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de San Juan, a cargo del juez Daniel Roffo, quien también dispuso una reparación económica de 75 millones de pesos para la víctima.
Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, los condenados —Alberto Cristo (45), Isabel Cristo (46) y su hijo Franco— captaron a una adolescente de 13 años en Neuquén y la forzaron a contraer matrimonio con el joven, que en ese momento tenía 20 años. Por la unión, entregaron 825 mil pesos a los padres de la menor.
Tras la celebración forzada, la víctima fue trasladada a Santa Fe, donde residía la familia de los condenados. Allí, entre marzo de 2022 y diciembre de 2024, fue sometida a explotación sexual, doméstica y laboral. Durante ese período, la golpearon, quemaron con cigarrillos y agua caliente, insultaron y amenazaron. Además, la obligaban a realizar venta ambulante en condiciones extremas y a entregar todo el dinero obtenido, bajo amenaza de dejarla sin comida.
En diciembre de 2024, la víctima se trasladó a San Juan junto a Franco Cristo y el hijo que tienen en común. Allí, en abril de 2025, los padres de Franco intentaron llevarla nuevamente a Santa Fe por la fuerza. La joven logró escapar en una estación de servicio en Caucete, pero fue alcanzada y obligada a subir nuevamente al vehículo. Un llamado al 911 permitió que la policía detuviera el auto y rescatara a la víctima y su hijo.
El juez Roffo consideró que los tres acusados son responsables del delito de trata de personas consumada agravada por tratarse de una menor de edad, por haber mediado pago, violencia y convivencia. Además de la reparación económica, se ordenó comunicar la sentencia en lenguaje claro y accesible a la comunidad gitana de San Juan y Santa Fe, así como a la familia de la víctima, que reside en Salta.