Un abogado presentó una impugnación judicial contra la multa millonaria impuesta por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe a los padres de un menor involucrado en una amenaza falsa. El caso abre un debate sobre la legalidad de la medida.
La decisión del Ministerio de Seguridad de Santa Fe de cobrar multas millonarias a padres de menores involucrados en amenazas falsas en escuelas ya generó su primera reacción judicial. Un abogado presentó una impugnación formal en representación de una familia a la que se le exige el pago de más de 6 millones de pesos, lo que abre un debate sobre la legalidad y el alcance de la medida.
El caso se originó a partir de un episodio protagonizado en la ciudad de Santa Fe por un alumno de entre 12 y 13 años, quien habría participado en un “desafío viral” que derivó en la difusión de una nota con contenido intimidante. Según la defensa, el hecho ocurrió fuera del establecimiento educativo y fue rápidamente reconocido por el propio menor ante sus padres y autoridades escolares.
El abogado patrocinante, Rodolfo Mingarini, sostuvo en una entrevista dada a la radio LT10 que el hecho no encuadra como delito de amenaza, ya que este tipo de figuras requieren condiciones específicas, como la existencia de un daño concreto, una persona determinada y un contexto de coerción real. “Esto fue un papel encontrado en un estacionamiento, no dentro de la escuela. No hubo una amenaza directa ni una situación de peligro real”, argumentó. Además, remarcó que el menor reconoció el hecho, pidió disculpas y que la institución educativa contuvo la situación sin mayores consecuencias.
El punto central del conflicto radica en si el Estado provincial puede exigir el pago de estos montos sin intervención de la Justicia. Desde la defensa sostienen que la responsabilidad penal es intransferible, por lo que no puede recaer en los padres, mientras que la responsabilidad civil sí podría trasladarse, pero necesariamente debe surgir de una sentencia judicial previa. En ese sentido, remarcan que no existe actualmente una ley específica que habilite al Poder Ejecutivo a fijar y cobrar estas multas de manera directa. “El poder administrador no puede decidir unilateralmente que alguien debe pagar millones. Eso debe determinarlo un juez”, señaló Mingarini.
Otro de los ejes del reclamo es la falta de justificación del monto exigido. Según el abogado, en el caso concreto solo intervino un patrullero, lo que hace difícil explicar el cálculo de una suma que supera los $6 millones. “No hay desglose ni explicación de los costos. Es una cifra arbitraria”, cuestionó. Además, la familia recibió una notificación con un plazo de cinco días para pagar, sin mayores precisiones sobre el procedimiento ni sobre las vías claras de descargo, lo que también fue objetado por la defensa.