Un decreto en firma del Presidente habilita a nueve provincias, entre ellas Santa Fe, a gestionar la concesión con peaje de tramos de rutas nacionales. El acuerdo marco permitiría a la provincia administrar y mantener la ruta A012.
El Gobierno nacional se encuentra próximo a firmar un decreto que establece un marco legal para delegar en varias provincias, incluida Santa Fe, la facultad de gestionar tramos de rutas nacionales. El instrumento propone que las jurisdicciones otorguen concesiones, ya sea a privados o a entes públicos provinciales, mediante el sistema de peaje, para la administración, reparación y mantenimiento de las trazas.
Según el borrador del decreto, las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz recibirían esta competencia. Para Santa Fe, esto implica la posibilidad de hacerse cargo de la ruta nacional A012, un reclamo histórico de la gestión provincial para poder intervenir en su mantenimiento.
El proceso requiere la firma de un convenio específico entre la provincia y Vialidad Nacional, con posterior validación de la Secretaría de Transporte. Una vez rubricado, la provincia quedaría facultada para llevar adelante los procesos licitatorios, adjudicar la concesión y ejercer las facultades de control. La delegación tendría un plazo máximo de treinta años, sin implicar la transferencia del dominio de la ruta, que seguirá siendo de la Nación.
El gobernador Maximiliano Pullaro había expresado en reiteradas oportunidades la necesidad de que la provincia se haga cargo de la A012 para iniciar reparaciones inmediatas. Si bien el decreto habilita un esquema de concesión con peaje, la forma final de gestión y financiamiento se definirá en el convenio específico.
El objetivo declarado de la medida nacional es descentralizar las tareas de mantenimiento y reparación de la red vial, permitiendo que las jurisdicciones locales gestionen estos procesos. El texto del decreto también establece que las provincias deberán respetar principios de publicidad, transparencia y razonabilidad tarifaria en los procesos.