Desde Santa Fe, profesionales del ámbito advierten sobre cambios en el enfoque y el financiamiento. Señalan que el problema central es la falta de implementación de la norma vigente, no su contenido.
En el marco del debate por la reforma a la Ley Nacional de Salud Mental que impulsa el gobierno nacional, especialistas y organismos del sector expresan sus análisis y preocupaciones. Desde Santa Fe, se coincide en señalar que el problema central no radica en la ley vigente, sancionada hace más de una década, sino en las dificultades para su plena implementación.
Sabrina Pimpinella, psicóloga e integrante del Consejo Consultivo de la Ley de Salud Mental a nivel nacional, dialogó sobre los puntos principales del proyecto que se prevé tratar en el Congreso. «Lo más preocupante es que el proyecto construye un diagnóstico desacertado y desplaza el problema real. Plantea que el problema es la ley actual, cuando en realidad lo que falla es su implementación», afirmó.
Entre los aspectos señalados, Pimpinella mencionó la eliminación en el proyecto del compromiso de destinar el 10% del presupuesto en salud al área de salud mental. También se refirió a un «marcado debilitamiento del enfoque comunitario e interdisciplinario», con un retorno a una centralidad médico-psiquiátrica. «Esto es desconocer décadas de construcción en el área», sostuvo.
La profesional también destacó el cambio en la categoría de «riesgo cierto e inminente» por «riesgo grave de daño» como eje ordenador, lo que, a su criterio, históricamente ha sido utilizado para justificar prácticas de control más que de cuidado. Agregó que el proyecto no fue consultado con organismos como el Consejo Consultivo o el Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (COFESAMA).
Al ser consultada sobre las barreras para la implementación de la ley actual, Pimpinella identificó dos principales: «La falta de asignación efectiva del presupuesto» y «el estigma que sigue atravesando el diseño de las políticas públicas, asociado a lógicas de encierro, control y medicalización».
Respecto a los beneficios observados en estos años, la integrante del Consejo Consultivo enumeró el desarrollo de dispositivos comunitarios, casas de medio camino y equipos territoriales como alternativas a la internación. También mencionó procesos de externación de personas que vivían en instituciones durante muchos años y una mayor visibilización de los derechos de usuarios y familiares.