Se cumple un año del inicio de la causa judicial por el fentanilo adulterado, con 111 víctimas fatales en el país, 49 de ellas en Santa Fe. Mientras la Justicia procesa a 14 imputados, las familias reclaman acceso a información y respuestas del sistema de salud.
El 13 de mayo de 2025 se radicó formalmente la denuncia judicial que dio origen a la causa por el fentanilo adulterado. La primera víctima documentada en el expediente del juez federal Ernesto Kreplak es Renato Nicolini, un joven de 18 años que falleció el 5 de mayo en el Hospital Italiano de La Plata tras recibir 90 dosis del anestésico contaminado. Sin embargo, entre los familiares que hoy integran la comunidad de familiares de víctimas hay casos anteriores.
El caso del fentanilo adulterado es una de las mayores crisis sanitarias de la historia argentina. La Justicia Federal confirmó 111 víctimas fatales en todo el país y al menos 48 personas que sobrevivieron a la infección pero arrastran secuelas físicas y psicológicas. Santa Fe concentra 49 de esos fallecimientos, la mayoría en Rosario.
Desde aquel momento, las familias vienen denunciando la falta de información y el destrato en el sistema de salud, además de las historias clínicas incompletas que hasta hoy complican la investigación judicial.
La causa que instruye el juez Kreplak tiene actualmente 14 procesados. Entre ellos se encuentran el dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, Ariel García Furfaro; su hermano Diego; su madre Nilda Furfaro, con prisión domiciliaria; y el director técnico José Maiorano, cuya prisión preventiva fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal. Todos enfrentan cargos por adulteración de sustancias medicinales, con penas de entre 10 y 25 años de prisión.
La investigación determinó que los lotes contaminados, identificados como 31.202 y 31.244, se fabricaron con graves falencias en los controles de calidad y que, pese a alertas previas, no se tomaron medidas para corregirlas.
Mientras la Justicia avanza, el vínculo de las familias de las víctimas con el Estado provincial presenta un panorama de gestiones abiertas con distintos niveles de respuesta. La primera gestión fue el 11 de diciembre del año pasado, cuando las familias solicitaron formalmente una audiencia con el gobernador Maximiliano Pullaro. Pasaron más de tres meses y el pedido no fue respondido.
La segunda se canalizó a través de la Defensoría del Pueblo. El 10 de enero, la directora del Centro de Asistencia a la Víctima, María Laura Pasquero, informó que el organismo había solicitado una reunión con la ministra de Salud, Silvia Ciancio, para abordar el cumplimiento de la Ley Nacional de Derechos del Paciente. La respuesta del Ministerio llegó y la reunión se pautó para febrero, pero nunca se realizó.
Consultada sobre el estado de esa gestión, Pasquero señaló: «Estamos en eso», en referencia a las gestiones para reprogramar el encuentro con las autoridades del Ministerio de Salud.
La tercera fue una carta presentada por la Comunidad de Familias Fentanilo Rosario – Justicia ante la Cámara de Diputados el 18 de febrero, en la que solicitaron el tratamiento de una Ley Integral de Salud y Trazabilidad de Medicamentos y denunciaron las dificultades para acceder a las historias clínicas de sus familiares, entre otros temas.
En ese punto, fuentes de la Legislatura señalaron que el proyecto de trazabilidad que impulsaban las familias, y que ya tenía media sanción del Senado, encontró alguna resistencia en especialistas consultados, quienes coincidieron en que es un tema que corresponde abordar mediante una ley nacional, no provincial. No obstante, las mismas fuentes indicaron que sectores de distintos partidos están armando proyectos para una ley integral de salud que contemplan algunos de los aspectos señalados por los familiares, aunque sin precisar plazos ni detalles de los contenidos.
Uno de los puntos centrales que las familias señalan desde el inicio es la dificultad para acceder a las historias clínicas completas. Ese problema no es solo administrativo: tiene impacto directo en la causa judicial. A finales de enero, el juez Kreplak remitió 159 casos al Cuerpo Médico Forense. En muchos de ellos, los peritos no pudieron establecer un vínculo microbiológico concluyente porque, según advirtieron, «esos datos no fueron asentados en las historias clínicas». La falta de registros precisos impide probar que la infección vino del fentanilo, lo que puede afectar la calificación de los delitos y, eventualmente, las penas.
Ese punto fue precisamente el que la Defensoría del Pueblo quiso llevar al Ministerio de Salud en la reunión que aún no se concreta. «Hay una reticencia por parte de los efectores de salud a entregar las historias clínicas, que es histórica», señaló Pasquero en enero.
Pocos días atrás, un nuevo escándalo expuso la misma fragilidad que las familias denuncian. El anestesiólogo Alejandro Zalazar fue hallado muerto en su departamento de Palermo por una sobredosis de propofol y fentanilo. La investigación determinó que los fármacos fueron robados del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde dos profesionales fueron imputados por administración fraudulenta. Según la investigación, los robos se extendieron.