El presidente Javier Milei anunciará en la apertura de sesiones ordinarias un paquete de 50 proyectos de ley que el Gobierno buscará tratar a lo largo del año. Entre ellas podrían sobresalir la reforma penal y tributaria, que no pudo tratar en 2025; algunos cambios electorales, indicios sobre designaciones en la Corte Suprema y en el Poder Judicial, y eventuales acuerdos internacionales que integran una agenda ambiciosa, junto con la eliminación de las PASO para las elecciones presidenciales de 2027 como eje político.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que habrá más de 50 leyes que enviará la Casa Rosada al Congreso, aunque no precisó el detalle de ellas. Pero sí anticipó una agenda legislativa amplia, con reformas estructurales en materia penal, tributaria, electoral e institucional.
En el oficialismo definen la iniciativa como una «segunda etapa» del programa de transformación. A diferencia del primer tramo de gestión, centrado en el ajuste fiscal y la desregulación administrativa, ahora el foco estará puesto en reformas que requieren mayorías parlamentarias y negociación política.
El eje principal será la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una bandera que el Presidente considera prioritaria. Sin embargo, el Presidente podría tropezar con una dificultad no menor: los cambios electorales requieren mayorías agravadas en el Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de los miembros del Parlamento y no sólo de los presentes.
Esto es que debería tener al menos 129 votos afirmativos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado.
En la Casa Rosada sostienen que el sistema actual encarece el proceso electoral, prolonga la competencia política y distorsiona la lógica de los partidos. La intención oficial es suprimirlas o, al menos, rediseñarlas de manera sustancial. Pero el sentido político consiste en no dejar que la oposición a Milei pueda ordenarse hacia 2027 con la competencia entre candidatos previa a la general y así jugar a la polarización y el voto del miedo hacia el regreso del peronismo.
En el mismo capítulo electoral, el Gobierno propondrá mejoras a la Boleta Única —ya vigente a nivel nacional— y modificaciones en el sistema de financiamiento de los partidos políticos. El objetivo declarado es reducir costos, transparentar aportes y limitar el peso de la estructura partidaria tradicional.
Reforma penal y tributaria
Otro de los pilares será la reforma del Código Penal. En el entorno presidencial anticipan una actualización integral, con énfasis en endurecer penas para determinados delitos y modernizar figuras vinculadas al crimen organizado y delitos económicos. No se descarta, siempre en carpeta, que Milei pueda anunciar una reforma previsional, aunque en la Casa Rosada lo negaron tajantemente.
En paralelo, el Ejecutivo enviará una reforma tributaria que buscará simplificar el esquema impositivo, reducir distorsiones y avanzar hacia un sistema más alineado con el programa de competitividad que impulsa el Ministerio de Economía. La discusión fiscal, no obstante, requerirá acuerdos con provincias y bloques dialoguistas.
Corte Suprema y equilibrio institucional
El paquete incluirá también que Milei esboce algunos indicios sobre los nombramientos pendientes en la Corte Suprema. Con dos vacantes aún sin cubrir, la posible ampliación del número del cuerpo, y un tribunal funcionando con integración incompleta, por lo cual el Gobierno intentará avanzar con las designaciones durante el período legislativo.
Se trata de un capítulo políticamente sensible. Las mayorías especiales que exige el Senado obligan a construir consensos en un escenario fragmentado. En la Casa Rosada admiten que será uno de los debates más complejos del año. De hecho, en la primera mitad del mandato, Milei no pudo imponer el nombramiento del juez federal Ariel Lijo y del abogado Manuel García Mansilla.
Educación y financiamiento universitario
Dentro de la agenda también figura el financiamiento universitario. Tras meses de tensión con el sistema público de educación superior, el Ejecutivo buscará establecer un nuevo esquema que combine criterios de eficiencia presupuestaria con mecanismos de auditoría y asignación por resultados. De ese modo, Milei buscaría enterrar las denuncias judiciales de la oposición por no haber aplicado la ley de financiamiento educativo que sancionó el Congreso y promulgó el Presidente pero nunca puso en marcha.
La discusión promete reabrir el debate sobre autonomía, control del gasto y modelo de financiamiento, en un contexto donde las universidades ya anticiparon resistencia a cambios que consideren regresivos.
Tratados internacionales y propiedad intelectual
El Gobierno prevé además enviar al Congreso la ratificación de tratados internacionales vinculados a la protección de patentes, propiedad intelectual, registros de marcas y lucha contra falsificaciones. Estos instrumentos forman parte de la estrategia de inserción comercial y de alineamiento con estándares internacionales en materia de seguridad jurídica.
En ese marco, no se descarta que el Ejecutivo incluya el Acuerdo de Comercio e Inversiones firmado con los Estados Unidos. Sin embargo, en Balcarce 50 reconocen que aún no está definido si será remitido en esta etapa, en especial tras el reciente fallo de la Corte Suprema norteamericana que obligó a revisar su capítulo arancelario.
Una agenda extensa y un Congreso fragmentado
El anuncio de 50 leyes configura una agenda ambiciosa para un Congreso donde el oficialismo no cuenta con mayorías propias. La estrategia será avanzar proyecto por proyecto, priorizando aquellos donde perciba mayor margen de acuerdo y aprovechar los nuevos aliados diputados y senadores de las provincias de Tucumán, Catamarca y Salta, de origen peronista pero convencidos a ultranza del plexo de la doctrina liberal anarcocapitalista a fuerza de fondos y obras públicas.
La eliminación de las PASO aparece como el núcleo político de la ofensiva legislativa. No sólo por su impacto institucional, sino porque redefine el calendario y la dinámica electoral de 2027. En el oficialismo sostienen que es una reforma necesaria para «ordenar el sistema». En la oposición advierten que puede alterar las reglas de competencia.
La apertura de sesiones que será este domingo a las 21 marcará así el inicio de una etapa legislativa intensa. Con reformas estructurales en carpeta y negociaciones abiertas, el Gobierno buscará trasladar al Congreso el ritmo transformador que intentó imprimir desde el Ejecutivo.
El desafío será convertir esa enumeración de proyectos en leyes efectivas. En un año donde la política volverá a girar, inevitablemente, alrededor del poder parlamentario.