Frente a las recurrentes denuncias por parte de vecinos respecto al descontrol vehicular y el riesgo constante para la vida en diferentes zonas de la ciudad, la concejal Samanta Arias presentó en el Concejo Municipal un proyecto de ordenanza para crear el «Protocolo Antipicadas». La iniciativa plantea una política estricta de tolerancia cero, apostando a recuperar el imperio de la ley y el orden en el espacio público rosarino.
El proyecto surge como respuesta directa en el marco de los graves episodios registrados durante estas últimas semanas en la intersección de bulevar Oroño y Lamadrid así como también en inmediaciones de La Florida, en avenida Carrasco entre Puccio y Pintor Musto, arterias de alto tránsito en las zonas sur y norte. En dichos lugares, decenas de autos y motos corren a menudo a gran velocidad durante la madrugada, sin importar las lomas de burro y las prohibiciones vigentes destinadas a cuidar la seguridad y la vida de vecinos y transeúntes.
«Se terminó la etapa de la simple advertencia. De acuerdo con los testimonios, cuando el control municipal llega, los conductores se quedan esperando en el cantero central riéndose de la autoridad, y apenas se levanta el operativo, vuelven a correr. El Estado no puede ser un espectador de este delito, el que se crea que puede usar la calle como pista de carreras, pierde el vehículo», sentenció Arias, impulsora de la iniciativa.
Asimismo, señaló que la estación de servicio ubicada en ese cruce clave del sur rosarino, utilizada sistemáticamente como «punto de encuentro» y zona de espectadores, tuvo que ser vallada en reiteradas oportunidades para evitar ser tomada por los infractores que la usan también como una especie de “zona de boxes”.
«Estas son mafias sobre ruedas. Los vecinos denuncian un desastre absoluto: se juntan a tomar alcohol, llenan de mugre los barrios y se comportan como verdaderos tumberos, obligando a las familias y a los comerciantes a vivir encerrados por miedo. En Oroño y Lamadrid han llegado a tener relaciones sexuales en la vía pública. Esto es inaceptable. Necesitamos dotar a las fuerzas de control de herramientas operativas fuertes, con operativos cerrojo que los acorralen, les secuestren los vehículos y terminen de una vez con esta impunidad», agregó la edil.
Para garantizar que la ley se cumpla, el proyecto detalla un esquema táctico de «Saturación Permanente» durante los fines de semana y vísperas de feriados. El despliegue de las fuerzas de control ya no será predecible ni estático, sino que se guiará estrictamente por el mapa de calor del delito y las denuncias vecinales al 147. Una vez detectada la concentración previa o la carrera en curso, se aplicarán operativos cerrojo diseñados específicamente para bloquear todas las vías de escape, acorralar a los infractores e incautar los vehículos en el acto, impidiendo la clásica maniobra de fuga evasiva.
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Adecuación técnica obligatoria y denuncias penales
Uno de los puntos más severos de la normativa es la «adecuación técnica obligatoria». El proyecto instruye a los jueces de Faltas a que, como condición innegociable para restituir un vehículo secuestrado, ordenen el decomiso y la destrucción inmediata de toda autoparte no homologada (sistemas de óxido nitroso, turbocompresores, suspensiones extremas y escapes libres).
Sobre este punto, Arias fue categórica: «El Estado no puede devolverle a un infractor el arma con la que pone en riesgo la vida de los rosarinos. Si el auto está modificado para correr, se desmantela». En ese sentido, la ordenanza incorpora un «Cargo por desmantelamiento» para que el costo de la mano de obra del desguace de esas piezas ilegales lo pague íntegramente el propio infractor.
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Esta es una problemática frecuentemente denunciada por los vecinos de distintos distritos. Las picadas clandestinas encabezan sistemáticamente los reclamos nocturnos al 147 y, aunque derivan en decenas de motos y vehículos remitidos al corralón tras los operativos, el alto nivel de reincidencia demuestra que la disuasión actual no es suficiente. Los riesgos a la vida de terceros son inminentes. “Yo no quiero esperar a que haya otro accidente o, Dios no lo permita, algo peor, para enfrentar a estos delincuentes con todo el peso de la Ley”, agregó la Concejal.
Por eso, el protocolo obliga al Municipio a constituirse como denunciante activo ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) bajo la figura del Artículo 193 bis del Código Penal. A través de las imágenes del CIOR, se buscará impulsar causas penales, multas económicas y la inhabilitación judicial de los conductores.
«El espacio público es de los ciudadanos de bien, no de las mafias ni de los que se creen dueños de la noche. Con este protocolo, le damos un mensaje claro a los delincuentes al volante: en Rosario, la ley se respeta y el orden se impone», concluyó la concejal.