Frente a ese operativo ideológico, es necesario desarmar su narrativa y exponer lo que La Nación oculta deliberadamente: que el flamante ministro es un heredero político y moral del terrorismo de Estado y que su ascenso forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno de Javier Milei para recomponer el viejo partido militar.
La Nación, un editorial al servicio de la impunidad
En su texto, publicado este viernes, La Nación se indigna ante las críticas a Presti por ser hijo del coronel Roque Carlos Presti, un represor central de la dictadura, responsable directo de secuestros, torturas, desapariciones y del robo de Clara Anahí Mariani Teruggi. Para el diario, cuestionar estos vínculos familiares sería una “estúpida impugnación”, un acto de “vejación” hacia “valiosos militares”.
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No es la primera vez que La Nación utiliza el apellido para llorar a los verdugos y atacar a quienes denunciaron sus crímenes. Ya lo hizo en 2015, cuando publicó el editorial “No más venganza”, reclamando abiertamente la libertad de los genocidas.
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Pero esta vez va un paso más allá: no solo reivindica a los criminales del pasado, sino que presenta a sus herederos como pilares de la “reconstrucción nacional”. El mensaje es transparente: lo que estuvo mal no fue el “terrorismo de Estado”, sino haber sido señalados por esos crímenes.
Lo que La Nación calla: la herencia genocida que Presti nunca repudió
A diferencia de lo que insinúa el editorial, el problema no es “el apellido” de Presti sino su silencio cómplice frente al papel central de su padre en el genocidio y su propia decisión de homenajearlo haciendo carrera en la misma institución que lo encubrió durante décadas.
Roque Carlos Presti no fue un militar más: dirigió centros clandestinos como La Cacha, el Pozo de Arana, Comisaría Quinta y la Unidad Penal 9; comandó operativos de exterminio; y ejecutó el secuestro de Clara Anahí. Fue procesado por 44 crímenes, pero murió impune gracias a las leyes de Punto Final que el propio Raúl Alfonsín pactó tras la sublevación carapintada.
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Carlos Presti, lejos de tomar distancia de esa historia, se formó, ascendió y llegó al máximo cargo del Ejército sin jamás denunciar el terrorismo de Estado. Como señaló Erika Lederer, hija de otro represor que sí eligió romper con el pacto de silencio, un oficial que alcanza los más altos mandos ya no puede excusarse en la obediencia: si calla, elige.
El proyecto de Milei: recomponer el partido militar bajo tutela estadounidense
El editorial de La Nación intenta naturalizar que, por primera vez desde 1983, un militar en actividad conduzca el Ministerio de Defensa. Lo presenta como un gesto de “madurez democrática” y una respuesta al “mundo en conflicto” que exigiría una política de defensa alineada con Francia, Estados Unidos y otras potencias militares.
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Pero la operación real es otra: relegitimar a las Fuerzas Armadas ante la sociedad, rehabilitando su papel político.
Que el Ejército vuelva a tener un peso decisivo en el Estado, algo rechazado desde el fin de la dictadura, que estableció por un amplio consenso social que no condujeran los destinos del país. La capitulación ante los ingleses en la Guerra de Malvinas, el saqueo de bienes de personas secuestradas y desaparecidas, la apropiación de bebés nacidos en cautiverio, las torturas, vejaciones y violaciones a mujeres detenidas ilegalmente, y los 30.000 desaparecidos fueron razones suficientes para movilizar a una amplia mayoría que, desde hace más de 42 años, exige juicio y castigo a los genocidas. Por eso, cada 24 de Marzo, las plazas del país vuelven a gritar: ni olvido ni perdón.
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Alineamiento con Estados Unidos y mensaje a las Fuerzas Armadas
Consolidar el alineamiento militar absoluto con Estados Unidos al estatus de “aliado estratégico”. Una política que convertirá a la Argentina en plataforma subordinada en el Cono Sur.
Enviar un mensaje interno a la propia tropa, fortaleciendo al sector ligado a Karina Milei frente al ala representada por Victoria Villarruel.
En este marco, la elección de Presti tiene un valor simbólico y político: su figura combina subordinación al Poder Ejecutivo, alineamiento con Washington y continuidad histórica de las tradiciones represivas del Ejército.
La “despolitización” que La Nación aplaude: más militarización y menos derechos
La Nación afirma que con el nombramiento “se deja atrás la superstición” de que un militar no pueda conducir Defensa. Lo que realmente se abandona desde la Casa Rosada -y el diario celebra- es el consenso básico que surgió tras la derrota de Malvinas y la caída de la dictadura: las Fuerzas Armadas no deben intervenir en política interna.
El editorial de La Nación ahora pretende instalar la idea de que el histórico y masivo rechazo social a las Fuerzas Armadas sólo fue patrimonio de “la izquierda” y de quienes desde 2003 “se subieron tardíamente a su carro”. De ahí que el texto califique de “estúpida impugnación” de “algún provocador” el repudio a la designación de Presti. Pero en el mismo párrafo el propio editorialista muestra la hilacha al defender a la dictadura genocida que, según su relato, reprimió al “terrorismo que abrevó en el castrismo con la voluntad de conquistar a cualquier costa el poder”.
El editorial insiste en que la sociedad debe reconocer el “mérito”, la “virtud” y la “dignidad” de los uniformados. Pero ese homenaje no es inocente, forma parte de la agenda que Milei y Bullrich impulsan desde el inicio, centrada en:
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El editorial de La Nación es un intento descarado de reescribir el pasado para preparar el futuro. Presenta a los militares como víctimas de una sociedad ingrata, a los genocidas como incomprendidos y a sus herederos como figuras necesarias para la “grandeza nacional”.
La entrega de la conducción política de la Defensa a un heredero del genocidio, que nunca repudió los crímenes de su padre y cuya carrera rinde homenaje a quienes llevaron adelante la tortura y desaparición de 30.000 detenidos desaparecidos, no se encamina hacia una “mayor dignidad”, como dice La Nación, sino hacia la legitimación de una fuerza que durante el siglo XX tuvo el poder de intervenir en la vida política nacional y cometió graves delitos de lesa humanidad.
Este debate no es institucional ni técnico. Es profundamente político. Y afecta directamente a las luchas por derechos, libertades y condiciones de vida de millones. La izquierda, los organismos de derechos humanos y el movimiento popular tienen la responsabilidad de enfrentar este intento de reconciliación y defender el legado de lucha de las Madres, Abuelas, sobrevivientes y todas las generaciones que enfrentaron la impunidad.