La comunidad venezolana en Florida vivió días de temor e incertidumbre hasta que un fallo judicial bloqueó la decisión de la administración Donald Trump para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Esa resolución encendió una rápida reacción por parte de los extranjeros de Venezuela que residen en el Estado Soleado: colmaron las oficinas para solicitar el trámite o la renovación de su licencia de conducir.
La escena se repitió en varias oficinas de Miami-Dade, aunque la más concurrida fue la sede del recaudador de impuestos en West Flagler Street y la Avenida 77. Allí, los venezolanos formaron extensas filas con el objetivo de renovar o extender sus licencias de manejo.
Según relató CBS Miami, muchos llegaron con la esperanza de obtener un documento válido que les permitiera conducir, aunque algunos solo recibieron una autorización temporal por dos meses.
El caso de Maximiliano Hernández fue uno de los más representativos. “Me dieron este documento. Me dicen que puedo manejar solo por 60 días”, explicó al mostrar la hoja que le fue entregada tras haber solicitado el TPS en 2021.
El portavoz de la oficina fiscal del condado, Dariel Fernández, aclaró que no todos recibieron una extensión inmediata. Según precisó, la oficina central en Tallahassee decidió revisar con más detenimiento algunos expedientes para evitar posibles fraudes.
“A veces no es porque traigan documentos falsos, sino porque Tallahassee quiere profundizar en casos específicos”, señaló.
Para los beneficiarios del TPS, el carnet de conducir es mucho más que un papel. Representa la posibilidad de trabajar, llevar a los hijos a la escuela y resolver cualquier trámite cotidiano sin miedo a sanciones. Marisela Parilli lo resumió en una frase: “Es extremadamente importante para mí tener una licencia de conducir porque de eso dependo para ganarme la vida”.
Hernández, el mismo que recibió un permiso por dos meses, agregó que incluso ese pequeño respiro le permitió recuperar tranquilidad: “Vale la pena cualquier cosa con tal de vivir en paz, incluso manejar solo con un documento”. Además, contó que el trámite en su caso no tuvo costo: “Gratis. No pago nada”.
Lo que generó este movimiento en Florida fue la decisión del juez Edward Chen, emitida el 5 de septiembre en San Francisco. Según detalló Courthouse News, el magistrado determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se había excedido en su autoridad al revocar el TPS para más de un millón de venezolanos y haitianos residentes en el país norteamericano.
Designado en su momento por Barack Obama, Edward Chen falló a favor de la National TPS Alliance, una organización que litiga en defensa de los inmigrantes. En su resolución, sostuvo que la medida de Noem habría devuelto a las personas a “condiciones tan peligrosas que incluso el Departamento de Estado desaconseja viajar a esos países”. Asimismo, calificó la acción de la secretaria como ilegal y sin precedentes.
Durante la audiencia del 1° de agosto, la defensa de los inmigrantes argumentó que Noem se había saltado los pasos de revisión necesarios y que inventó justificaciones para respaldar su decisión.
La abogada Jessica Bansal, representante de la alianza, explicó: “No es una hoja en blanco para que ella decida lo que quiera. Este estatuto fue diseñado para ofrecer un grado de protección contra cambios políticos que afectan a refugiados humanitarios en este país”.
Por su parte, el abogado del Departamento de Justicia, William Weiland, defendió que Noem había considerado las condiciones en Venezuela al tomar su decisión. “Lo que ellos le están pidiendo a usted es que pese o vuelva a pesar esa decisión”, le dijo al juez.
Finalmente, el 29 de agosto, el Noveno Circuito ratificó la orden de Chen. El fallo, escrito por la jueza Kim Wardlaw, subrayó que la ley del TPS fue creada para limitar los poderes del Ejecutivo y garantizar “períodos previsibles de seguridad y estatus legal para los beneficiarios”.