La concejala sostuvo que el OK para construir torres de 120 metros de altura que el Ejecutivo municipal pide al Concejo tiene sus bemoles. No pueden levantarse en lugares con déficit de infraestructura y sin un plan urbano consensuado, advirtió. “Normativas claras, no trajes a medida para ciertos desarrolladores inmobiliarios”, reclamó
La concejala de Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, se refirió al proyecto enviado por el intendente Pablo Javkin al Concejo municipal, que busca permitir la construcción de torres de 120 metros de altura en la ciudad y que hoy el oficialismo le daría sanción final. “La construcción es una de las actividades más dinámicas de la economía y creadora de puestos de trabajo, que necesita incentivarse y promoverse desde el Estado, pero nunca sin un plan urbano consensuado”, dijo.
“Creemos que la densificación a través de la edificación en altura es positiva en ciertos sectores de la ciudad. Rosario necesita crecer cualitativamente y desarrollarse, pero ese crecimiento debe estar acompañado de criterios urbanísticos claros, previsibles y sostenibles en el tiempo”, afirmó Gigliani.
La concejala rechazó este tipo de desarrollos en altura en áreas de tejido residencial predominante y trazado vial básico. “Más allá de la reciente modificación de la Intendencia en su propuesta, que reduce las alturas en determinadas zonas de tejido de 120 a 80 o 70 metros, el problema de fondo persiste. Se sigue habilitando la construcción de torres en sectores de calles angostas, veredas reducidas, bajas o medias densidades e infraestructuras a sus límites, que no están en condiciones de absorber ese impacto a lo que se suman probables procesos de gentrificación. Uno de los principales cuestionamientos que venimos sosteniendo es la ausencia de un plan urbano integral”, puntualizó.
Para Gigliani, la falta de parámetros generales estables genera incertidumbre para vecinos y desarrolladores por igual, ya que las reglas de juego cambian constantemente según proyectos particulares. “Esto impide a las familias planificar con certeza dónde vivir y a los pequeños inversores resguardar su patrimonio, al tiempo que prioriza el interés inmediato de ciertos emprendimientos por sobre la calidad de vida en los barrios de la ciudad”, agregó.
En relación con la tipología de torres, la posición histórica de Iniciativa Popular ha sido favorable a esas tipologías por sobre las construcciones el altura entre medianeras que generan grandes paredones urbanos que deterioran la calidad ambiental del sector urbano donde se emplazan. “Estamos convencidos de que construcciones de gran envergadura deben levantarse, con normativas claras y no realizadas como trajes a medida para ciertos desarrolladores inmobiliarios, frente a espacios públicos, plazas o corredores de amplias avenidas. Solo en esos escenarios se puede garantizar una adecuada ventilación, iluminación natural y un entorno urbano armónico”, aseguró la edila.
Gigliani agregó: “Somos testigos a diario del estado de la infraestructura y los servicios públicos. El incremento en la densidad poblacional que implican estas torres demanda más agua, saneamiento, energía, transporte, educación y salud, sin que el proyecto contemple cómo garantizar esa nueva demanda. Tampoco se consideran los efectos socioeconómicos, ya que estas transformaciones aceleradas tienden a elevar el precio del suelo y de las propiedades, poniendo en riesgo la permanencia de vecinos y comercios tradicionales que dan identidad cultural y ambiental a cada barrio”.
«No alcanza –prosiguió la concejala– la modificación a su propio proyecto de habilitar torres de 120 metros de altura que plantea el intendente bajando algunos metros, si el problema estructural sigue siendo el mismo. Hablamos de habilitar grandes edificaciones en lugares con grandes déficit infraestructurales y sin las condiciones urbanas adecuadas para sostenerlas. Rosario necesita reglas claras, previsibles y una planificación que priorice el interés colectivo”, concluyó.