En diálogo con Canal E, el contador y abogado Matías Olivero Vila analizó las graves consecuencias que tendría para Argentina la imposibilidad de revertir el fallo judicial en Estados Unidos por la expropiación de YPF.
El costo fiscal de un juicio multimillonario
“Estamos hablando de que el monto de la sentencia se pagaría con el IVA de todos los argentinos durante seis meses”, advirtió el experto, al dimensionar el impacto económico de los 16.000 millones de dólares que Argentina debería abonar si fracasa la apelación del fallo en Nueva York.
Para graficar la magnitud del monto, Olivero Vila explicó: “El cálculo que hemos realizado con datos de recaudación indica que el IVA de todas las compras —supermercados, restaurantes, servicios— de 47 millones de argentinos durante medio año alcanzaría justo para cubrir la sentencia.” Aunque aclaró que esto no significa que se usará efectivamente ese impuesto, el ejemplo busca generar conciencia fiscal sobre el volumen del daño económico.
Un golpe al desarrollo de infraestructura
Además de ponerlo en perspectiva con la recaudación impositiva, el especialista comparó el fallo con el presupuesto de obras estratégicas: “Estamos hablando del equivalente a lo que costarían todos los hospitales proyectados en las 24 provincias argentinas durante los próximos 100 años.”
Según detalló, el monto de 1.500 millones de dólares para construcción de hospitales en una década es solo una décima parte de lo que se debería pagar por el fallo. “Esto es 10 veces ese valor: podríamos hablar de 100 años de inversión hospitalaria que se esfuman por una mala decisión política.”
El impacto sobre el sector privado
Olivero Vila también comparó la cifra con el nivel de inversión energética: “Las inversiones estimadas para Vaca Muerta en 2024 y 2025 suman 19.000 millones de dólares. Es casi el mismo monto que lo que hoy se reclama por este fallo, con intereses incluidos.”
Desde su mirada, recurrir al sector privado para financiar esta obligación “implicaría sacrificar niveles enormes de inversión productiva”.
Entregar el 51% de YPF: ¿una opción viable?
Sobre el mecanismo de pago que establece el fallo —entrega del 51% de las acciones del Estado en YPF—, Olivero Vila fue enfático: “No creo que el Estado argentino acepte entregar las acciones; sería una decisión demasiado drástica.”
Agregó que esa vía enfrenta además una barrera legal significativa: “Está sujeto a una serie de aprobaciones que dudo que el Congreso otorgue, porque requiere una mayoría de dos tercios.”
Ante ese panorama, sostuvo que lo más probable es que se abra una etapa de negociación para encontrar una forma de pago alternativa. Pero advirtió que las opciones no son alentadoras.
Las alternativas que enfrenta el gobierno
Consultado sobre cómo se podría cumplir con la sentencia si la apelación fracasa, el especialista reconoció que “endeudarse es una de las opciones, aunque difícil”, y que también se podría “recurrir al sector privado”, lo que traería nuevos problemas.
“¿Quién nos va a dar ese financiamiento para este pago? Es bien dudoso”, señaló, en referencia a la complejidad de obtener crédito externo.
Finalmente, Olivero Vila destacó el trasfondo estructural de esta situación: “Esto es producto de errores fatales cometidos por ciertos políticos, que ahora se transforman en un gasto público a ser financiado por todos nosotros.” Y concluyó que, aunque el monto final puede negociarse, “probablemente no se aleje demasiado de los 16.000 millones que fijó la jueza.”