Cristina Kirchner lo hizo de nuevo: recuperó su rol de líder opositora y puso el dedo en la llaga del plan económico de Javier Milei al retomar su tradicional prédica contra la «fuga de capitales» -ahora intensificado por la acusación a Toto Caputo de estar «alquilando dólares»-.
La crítica de Cristina se vio amplificada por dos hechos que conmovieron al mercado. Primero, el viernes, la publicación del balance cambiario de mayo -el primer mes sin cepo cambiario-, en el que se refleja un explosivo aumento en la «formación de activos externos», por u$s3.226 millones.
Y, además, se conoció el informe del banco de inversión JP Morgan, que recomienda a sus clientes abandonar las inversiones en activos argentinos, por considerar que el riesgo es demasiado alto para la tasa de interés que deja el «carry trade».
El gobierno, en parte por necesidad de calmar al mercado y en parte por cálculo político -le conviene electoralmente polarizar con el kirchnerismo- dedicó un esfuerzo inusual a polemizar con la expresidente: los principales funcionarios del equipo económico publicaron sus respuestas en las redes sociales y dieron entrevistas en los medios.
Sin embargo, las críticas de Cristina lograron el cometido de llevar la atención sobre las dificultades para sostener la estabilidad cambiaria, sobre todo si los inversores empiezan a manifestar dudas. Pero, irónicamente, lo que le da más fuerza a las advertencias de la expresidente es el hecho de que ella sufrió en carne propia las consecuencias de «pisar el dólar», es decir, la misma situación que hoy le critica a la gestión de Milei.
Al turismo sí, a la industria no
En 2015, su último año de mandado, Cristina sufrió un déficit de cuenta corriente de 2,7% del PBI -a pesar de la vigencia del cepo cambiario y una fuerte restricción a las importaciones-.
Era un año electoral, y la entonces presidente sabía que debía evitar a toda costa una devaluación -de hecho, el principal argumento de campaña del peronismo era que Mauricio Macri quería un shock cambiario que bajaría el salario-.
Y Cristina tomó una decisión extraña, que contradecía su discurso: como los dólares no alcanzaban para abastecer simultáneamente a los ahorristas y a los importadores, prefirió priorizar a los primeros y pospuso la entrega de divisas para la importación. Era algo que chocaba con la fundamentación política del cepo cambiario, que afirmaba que esa regulación era necesaria para que los dólares escasos se canalizaran al aparato productivo y no a financiar las vacaciones en Miami.
Pero en tiempos de elecciones, los ahorristas aportan más votos que los importadores, de manera que la estrategia viró drásticamente. Así, se redujeron los cupos de dólares para comercio exterior a la ínfima cifra de u$s50.000 por día. En los hechos, eso equivalía a una paralización de las importaciones.
Y en el último mes de su mandato, la deuda del Banco Central por importaciones hechas, pero nunca pagadas, ya se ubicaba en u$s9.500 millones.
La gravedad de la falta de divisas llegó a extremos insospechados, que se evidenciaron en hechos como la frustración de una compra de dos empresas de petroquímica por parte de YPF. La petrolera nacional, símbolo máximo de la gesta re-estatizadora kirchnerista, no pudo concretar ese plan de expansión porque no recibió autorización para sacar del país u$s122 millones, una cifra ridículamente pequeña para el tamaño de la economía argentina.
Cristina Kirchner, orgullosa de vender dólares baratos
En ese contexto de crisis -en el que el BCRA solo contaba con el swap chino y los encajes de depósitos bancarios en dólares-, lo más extraño era que Cristina había tomado la decisión de mantener la canilla abierta para los turistas y pequeños ahorristas.
La entonces presidente no sólo no renegaba de esa situación, sino que la utilizaba como argumento proselitista y como un síntoma de bonanza económica.
Desde su cuenta de Twitter, se jactaba de que el gasto dolarizado en tarjetas de crédito sumaba en el año u$s5.140 millones, y que eso era la prueba de que la población argentina tenía un ingreso lo suficientemente alto como para consumir que, además, le quedara un sobrante para ahorrar.
En esa época, quien decidía quién podía comprar dólares y por qué cantidad era la AFIP, que establecía una fórmula vinculada a los ingresos declarados. Para Cristina, era un motivo de orgullo que la mayor parte de los ahorristas fueran de clase media, con ingresos inferiores a $20.000 pesos de la época -que, ajustado por inflación, equivalen a $2,5 millones de hoy-.
Escribía, en pleno cierre de campaña electoral: «Desde enero de 2014 al día de ayer, 9 de noviembre de 2015 (o sea casi dos años), en el Mercado Único y Libre de Cambios llevamos vendidos a las personas físicas que ahorran en dólares USD 8.968.425.533».
Y preguntaba, con su clásica dosis de ironía: «¿No era que no se podía comprar dólares?… ¿Y siguen hablando de cepo?».
Ese último año del modelo K, el déficit neto de la cuenta de turismo fue de u$s7.742 millones.
El alto costo de pisar al tipo de cambio
El costo para llegar a entregar el poder en diciembre de 2015 con un tipo de cambio de $9,75 fue muy alto. Cristina sufrió en su último año de gestión una salida de u$s86.000 millones por «formación de activos externos».
Y, aun así, no fue suficiente, porque además el Banco Central batió un récord de intervención en el mercado de futuros, de manera de evitar que una gran masa de pesos se volcara al mercado paralelo.
Hablando en plata, fueron contratos por el equivalente a u$s17.400 millones, los que puso el BCRA bajo la dirección de Alejandro Vanoli. Una cifra que hace aparecer como pequeña la intervención de u$s2.000 millones que hizo Santiago Bausili desde el levantamiento del cepo.
Vanoli, junto a Cristina Kircner y al entonces ministro Axel Kicillof fueron enjuiciados por perjudicar al Estado, ya que mientras el BCRA garantizaba el pago del dólar a $10, en el mercado global de futuros se transaba a $16. El resultado, tras la devaluación, fue un costo de u$s5.400 millones para las arcas públicas.
Finalmente, la justicia determinó que la intervención en el mercado de futuros está dentro del margen de decisión política de los funcionarios, y por lo tanto no se puede equiparar a un delito. En consecuencia, Cristina, Kicillof y Vanoli fueron absueltos.
De todas formas, en el mercado quedó un remanente de sospecha y rechazo a ese tipo de intervenciones, algo que quedó claro con las recientes criticas de economistas que afirman que la venta de futuros es una manera indirecta de «topear» el tipo de cambio. Hoy, a diferencia de lo que ocurría hacia el final del mandato de Cristina, el máximo permitido para que el BCRA ponga contratos en el mercado de futuros es u$s9.000 millones.