Según una investigación periodística, más del 80 % de los condenados por lesa humanidad cumplen prisión domiciliaria, sin controles de visitas, ni en sus comunicaciones ni en salidas ocasionales. Caminatas por el barrio, fiestas familiares, raid de compras, viajes de vacaciones y hasta presentaciones de libros forman parte del día a día de condenados por delitos de lesa humanidad.
La periodista Luciana Bertoia relata cómo en el caso de Héctor Horacio Marc (de 74 años, exintegrante del Servicio Penitenciario Federal, condenado a 25 años de prisión por su actuación en el circuito conformado por los centros clandestinos conocidos como Atlético, Banco y Olimpo) el juez Rodrigo Giménez Uriburu consideró los informes médicos, la edad y los principios de trato humanitario y pro homine para concederle que se quede en Bariloche al cuidado de su hija. Giménez Uriburu propuso mantener la vigilancia electrónica y que semanalmente se supervise el domicilio. Lo acompañó en la decisión Jorge Luciano Gorini, juez de ejecución en el caso Vialidad.
Sin embargo, la Cámara de Casación revocó esa decisión y la prisión domiciliaria de Héctor Horacio Marc en octubre de 2024 por violencia familiar que había denunciado la cónyuge del represor antes de la decisión de Gorini y Rodríguez Uriburu.
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En esa oportunidad, el juez de Casación Penal Ignacio Yacobucci llamó al orden a Giménez Uriburu y a Gorini por no haber hecho un correcto análisis de la denuncia efectuada por la esposa de Marc ante ellos, quien expuso que el condenado se sacaba la pulsera y salía adonde quisiera, dejándola en casa colgada sin preocupación alguna. Aún así, le dieron prisión domiciliaria a quien fue condenado por 220 crímenes.
Otro caso paradigmático es el de Gerardo Arráez, de 73 años, quien purga una condena de 25 años por secuestros y tormentos durante la última dictadura, también en los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo. El mismo Tribunal Oral Federal Número 2 con la firma de Gorini y Giménez Uriburu ordenó que el Servicio Penitenciario traslade a Arráez a su casa, un departamento en el barrio de Caballito. Arráez había permanecido prófugo de la Justicia dos años valiéndose de un documento falsificado. A pesar de este antecedente, Gorini y Giménez Uriburu no pidieron que Arráez informe quiénes ingresarán a su domicilio, como sí lo hicieron con Cristina Fernández de Kirchner.
A la arbitrariedad manifiesta en el hecho de que a Cristina la juzguen los magistrados que juegan al fútbol en la casa de su denunciante Mauricio Macri (vía Javier Iguacel), se suma que apelada esta injusticia, quienes revisaron la misma fueron jugadores de paddle de la Quinta Presidencial de Olivos (Hornos y Borinski). Luego de que la Corte Suprema de Justicia se negara a abrir el recurso con todas estas irregularidades, coronan la persecución política al momento de ejecutar la pena, imponiendo restricciones a la prisión domiciliaria que no recaen sobre los condenados por delitos de lesa humanidad. Cristina fue elegida democráticamente como Presidenta de la Nación por más del 54% de los votos y actualmente ostenta el título de presidenta del Partido Justicialista, principal partido político de la oposición.
Las decisiones que han tomado estos dos magistrados en casos tan diversos marcan no solo sus valores sino también su intencionalidad.
*Diputado nacional Unión por la Patria.