Micaela Bounchanavoung, conocida como “la China”, continuará detenida por la millonaria estafa contra la Universidad de Buenos Aires (UBA). Así lo resolvió la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal al declarar inadmisibles los recursos presentados por su defensa, que buscaba revocar la prisión preventiva o, en su defecto, obtener el beneficio del arresto domiciliario.
El fallo, firmado por los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Daniel Petrone, consideró que existen riesgos procesales evidentes, tanto por peligro de fuga como por entorpecimiento de la investigación. Los jueces señalaron la existencia de una maniobra delictiva compleja y aún no desarticulada en su totalidad, en la que Bounchanavoung desempeñó un rol activo como presunta líder.
La decisión se tomó en el marco de la causa que investiga una megaestafa a la UBA, que incluyó el uso de empresas fantasma, correos electrónicos falsificados y órdenes de transferencia apócrifas enviadas al Banco Nación, desde donde se desviaron más de $ 1.500 millones en septiembre de 2024. El dinero salió de cuentas vinculadas a las facultades de Derecho y Odontología y terminó en manos de sociedades inexistentes como Elysium SA y Ekzplodo SA.
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Nuevas pruebas. La gravedad de las acusaciones contra la China no es nueva, pero los últimos días trajeron elementos que reforzaron la postura de la fiscalía y del juez federal Sebastián Ramos en cuanto a su rol central dentro de la organización. Entre ellos, se destaca una serie de audios obtenidos de otros imputados, en los que se revela una presunta intención de pagar hasta medio millón de dólares a un funcionario para frenar la causa.
Según surge del expediente, que fue dado a conocer por la Revista Quorum, uno de los coimputados afirmó que “Mica puso una abogada” que le aseguró que otros implicados “no estaban en la causa”, lo cual fue interpretado como un intento de manipular la percepción de los avances judiciales entre los miembros de la banda. En otra conversación, dos acusados discuten la posibilidad de que ella ofreciera dinero para “cerrar la causa”. Esta supuesta intención de sobornar a un funcionario refuerza la hipótesis de que su libertad podría poner en riesgo la integridad del proceso judicial.
Además, la investigación reveló que Bounchanavoung pidió borrar mensajes, cambió de teléfonos y mudó su oficina y vivienda particular, conductas que los jueces entendieron como intentos deliberados de entorpecer el curso del expediente.
El juez Barroetaveña destacó que las actividades de la imputada están directamente vinculadas a la constitución de sociedades ficticias, la transferencia de fondos y la elaboración de documentación falsa. “Se valora negativamente la habitualidad de estas acciones, lo que refuerza la necesidad de mantenerla detenida”, sostuvo.
La investigación a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano y la División Antifraude de la Policía Federal identificó hasta el momento 19 personas involucradas, 16 de las cuales ya fueron indagadas. La operatoria consistía en simular pedidos de transferencias desde una dirección de correo electrónico que imitaba a la de la UBA ([email protected]). Con ese engaño, los acusados lograron que empleados del Banco Nación ejecutaran órdenes MEP por montos millonarios sin cumplir con los controles habituales.
El expediente detalla que las órdenes eran presentadas en papel por supuestos empleados, con firmas falsificadas de autoridades de la universidad, sin validación presencial ni token digital. Este mecanismo fue lo que permitió el desvío inicial de fondos, que luego fueron triangulados hacia cuentas de terceros y reinsertados en el sistema financiero, según la hipótesis judicial.
Frente a estos hechos, la UBA y el Banco Nación iniciaron investigaciones internas, mientras que el juez Ramos mantiene el expediente en secreto de sumario en algunos tramos, a la espera de identificar a otros partícipes.
El rechazo al pedido de excarcelación implica que la China seguirá detenida: está presa desde el 5 de mayo pasado. Para esa fecha ya había sido arrestada buena parte del núcleo operativo de la organización. Según fuentes judiciales, Mica está procesada por los delitos de defraudación a la administración pública, uso de documentos falsos y lavado de activos y tiene un embargo de 1.600 millones de pesos.
En el fallo, la Cámara de Casación remarcó que los delitos imputados conllevan penas de cumplimiento efectivo, lo que refuerza la presunción de fuga. También se valoró que la causa aún no está cerrada y que la libertad de Bounchanavoung podría implicar un riesgo real para la recolección de pruebas o la influencia sobre otros imputados.
La defensa de Bounchanavoung también pidió que se le concediera el arresto domiciliario, invocando que tiene a su cargo a una persona con discapacidad. Sin embargo, el tribunal descartó ese argumento por falta de pruebas concretas. El informe socioambiental incorporado al expediente dejó en evidencia que existían dudas sobre esa supuesta responsabilidad familiar: la hermana no residía con ella, se encontraba de viaje al momento del allanamiento, y su atención médica se realiza en Misiones, donde vive el resto de la familia. Además, la fiscalía detectó irregularidades en la documentación presentada.
Trece transferencias por 1.591 millones de pesos
R.P.
Los movimientos de dinero se concretaron en septiembre del año pasado, cuando los autores de la maniobra habrían simulado ser personal de Tesorería de la UBA y emitieron órdenes de transferencias bancarias MEP (Medio Electrónico de Pago). “Se lograron individualizar 13 transferencias por un total de 1.591 millones de pesos”.No conformes con eso, los estafadores “habían intentado que se autoricen otras tres transferencias”, en este caso por 341 millones de pesos. Las órdenes “se materializaron mediante notas enunciadas en un primer momento por correo electrónico, y luego en formato papel a través de un cadete con firmas falsas de las personas autorizadas a operar las cuentas de las universidades citadas”. Esas notas llevaban una dirección apócrifa de correo electrónico: [email protected], utilizada para enviar los formularios de transferencia.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por las autoridades de las Facultades de Derecho y Odontología de la UBA. La Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo de Eduardo Taiano, tomó intervención y derivó la investigación a la División Antifraude para esclarecer el fraude y dar con los responsables.