A Tomás Cuesta lo detuvieron durante una protesta en el Congreso simplemente porque con su cámara estaba intentado registrar cómo se llevaban preso a un jubilado. Las imágenes de una decena de policías que tiraban al suelo al fotógrafo y le pisaban la cabeza recorrieron el país y también el mundo. Lo que nadie vio, sin embargo, es lo que pasó después.
Los agentes lo llevaron a un estacionamiento cercano a la Cámara, donde suelen dejar los móviles con los cuales luego de las marchas mueven a los detenidos. A Cuesta lo tiraron al fondo de uno de esos autos. Y sentado, con las manos esposadas atrás de su espalda, vio cómo los policías que un rato antes le habían aplastado el cráneo se pasaban un celular mientras seguían con sorna las repercusiones, que en las redes se habían hecho virales. “¡Mirá, mirá como lo dejaste!”, decía uno, entre risas. Hasta que otro, scrolleando el teléfono, descubrió que la persona que acababan de apresar estaba trabajando para para Amnistía Internacional. “Ah, mirá para dónde labura el zurdito roñoso este. Montonero. Bien merecido lo tiene”, soltó, con un asco evidente.
Los hechos que pasaron el miércoles 21 no son para nada una casualidad. Como tampoco fue lo que ocurrió el día en que el cabo Guerrero (legajo 103208) le abrió la cabeza con un disparo de gas lacrimógeno al fotógrafo Pablo Grillo, que todavía hoy pelea por su vida: en aquella jornada de represión y protesta un camión hidrante de la Policía de la Ciudad tiró manguerazos de agua mientras que en el altoparlante un efectivo gritaba “vengan zurdos, vengan”.
Es que las palabras del Presidente, que cada vez que puede invita a “odiar” más a este oficio, parecen haber penetrado en el sentido común de algunos, incluso entre quienes se supone que deben hacer respetar la ley. Ahora su bronca personal contra el periodismo se convirtió en política de Estado y también en violencia directa. La guerra contra la libertad de expresión está declarada. Y el Gobierno no tiene pensado levantar ninguna bandera blanca.
Ideas
El pulgar de Javier Milei apuntaba al cielo. El índice, en cambio, lo tenía bien extendido. No había que ser detective para darse cuenta de que lo que estaba formando con su mano parecía una pistola. Antes le había tirado un empujón a Facundo Pastor, al que se había cruzado de casualidad en los pasillos de América TV. El periodista había cometido, para el libertario, la imperdonable traición de haberle dado aire a Mila Zurbriggen, otrora líder oficial de la juventud libertaria, que se había ido del espacio denunciando corrupción, modos dictatoriales e incluso “favores sexuales”.
Milei le echó en cara, a los gritos, la nota a Pastor. E hizo algo más. Señalándolo de forma amenazante, sin importarle la presencia de otras personas e incluso de las cámaras del canal que grabaron el episodio, le juró: “Cuando sea Presidente vos vas a correr”. Era septiembre de 2023 y faltaban menos de dos meses para que el economista ganara las elecciones nacionales. Las venganzas que prometía cumplir Milei una vez que llegara al poder alcanzaban a varios. “Cuando sea Presidente voy a cerrar Perfil”, le dijo más de una vez a su equipo más íntimo, en referencia a esta editorial.
El Gobierno que comanda parece decidido a cumplirle todos los caprichos al Presidente. Acabar con el periodismo crítico, un viejo sueño húmedo de cualquier proyecto autoritario, integra el podio de esa lista. El giro en la propia historia de Milei es absolutamente notorio: el hombre llegó a la política por ser primero un fenómeno mediático, épocas en las que se desvivía con tal de conseguir una nota o un minuto de aire. “Estoy siempre dispuesto a colaborar con el medio porque es el que mejor me trata de todos. Estoy muy agradecido por cómo se portan conmigo”, le dijo el libertario, vía audio, a Alejandra Daiha, la directora de esta revista, en diciembre de 2018. En aquel momento NOTICIAS era la única publicación que lo veía como algo más que un economista bizarro.
Ese Milei desapareció. También se fue el del 2023, que consiguió ser electo Presidente. En aquel momento el libertario limitaba sus furiosos arranques a algunos periodistas o medios puntuales (esta revista ya era por entonces uno de ellos). Sin embargo, su administración aceleró su violencia personal. Ya en el cargo empezó a hablar de los comunicadores como “mentirosos”, “difamadores”, “extorsionadores”, “delincuentes con micrófono”, o “ensobrados” (que ya no es una adjetivación sino la acusación de un delito, motivo por el cual el fundador de esta editorial, Jorge Fontevecchia, lleva adelante un juicio que ya tuvo un fallo favorable en primera instancia). En septiembre, en un acto en el Parque Lezama, arengó a toda la multitud reunida a que le grite “hijos de puta” a los periodistas. En noviembre del año pasado utilizó por primera vez una metáfora perturbante. “A gran parte del periodismo le gusta el boxeo duro con dosis extremas de violencia. Les quiero decir que les llegó el momento de tener que bancarse el vuelto”, publicó en sus redes, lógica pugilística que luego retomaría en varias oportunidades.
Pero en abril la andanada subió de tónica. “No odiamos lo suficiente a los periodistas”, “hay que odiarlos más”, empezó a decir. A lo largo de todo este viaje de “odio” no estuvo solo: sus funcionarios y dirigentes se sumaron a sus dichos. “El periodismo va camino a desaparecer”, dijo Luis Caputo. Daniel “el Gordo Dan” Parisini le pidió a Milei “meter preso un periodista por decreto”. “No odiamos lo suficiente a los periodistas. Todavía”, publicó en su cuenta paralela Santiago Caputo. “Es imprescindible acelerar la batalla cultural contra el periodismo basura”, pidió Agustín Laje. Son apenas algunos de los tantos mensajes, que también replican sus seguidores. E incluso la Policía.
Hechos
La violencia simbólica siempre precedió a la real. Esta vez no es la excepción. La avanzada del Gobierno no se queda sólo en las palabras. El Estado mueve sus hilos para silenciar la libertad de prensa. Por un lado usa la pauta oficial, a contramano del relato en el que afirman que esta se terminó. No se acabó, sólo pasó a ser discrecional y reservada para los amigos. Basta con ver el caso de YPF, que controla Guillermo Garat, socio y mano derecha de Santiago Caputo: en 2024, YPF aumentó, en términos reales, casi un 40% el gasto publicitario (de $31.749 millones a $97.110 millones). Esa es apenas una de las canillas por las cuales el oficialismo riega a medios alineados. También se inscriben ahí otros organismos como ARCA, Banco Nación, o Aerolíneas Argentinas, por citar a algunos. Otro fue el pago de deudas viejas a los medios: el Gobierno ya abonó el 85% de ese monto, pero medios críticos, como Perfil, no recibieron un solo peso.
La lista es larga y sigue: el cierre de Telam, la restricción al Acceso a la Información Pública (a raíz de la tapa de NOTICIAS que reveló la verdadera cantidad de perros que tiene Milei en Olivos), el intento del ministerio de Capital Humano de matricular la profesión, las limitaciones que puso Manuel Adorni a la sala de periodistas en la Casa Rosada, la prohibición para los fotógrafos de entrar a fotografiar el Congreso cuando habla Milei.
También sucedieron hechos de otro tenor. Santiago Caputo, en pose amenazante, fotografió la credencial del reportero gráfico Antonio Becerra durante el debate de candidatos porteños. A Roberto Navarro le abrieron la cabeza de una trompada en el lobby de un hotel, y debió permanecer dos días en el hospital. A Marcelo Longobardi lo echaron de Radio Rivadavia a pedido de Karina Milei. Milei enjuició a Ari Lijalad, Carlos Pagni y Vivina Canosa. Lo mismo había hecho el año pasado el Ministerio de Justicia contra Nancy Pazos y Darío Villarruel. A Silvia Mercado le quitaron la acreditación en la Casa Rosada por una pregunta sobre los perros de Milei, y logró volver tras la presión de distintas entidades y un amparo judicial.
También se podría incluir a todos los que, con un apellido célebre, alzaron la voz con alguna crítica y recibieron el ataque de todo el aparato oficial: Lali Esposito, Mirtha Legrand, Graciela Borges, o Ricardo Darín, entre otros. Incluso se podría sumar a tuiteros que en la red social publicaron alguna investigación o hicieron una objeción al Gobierno. A Javier Smaldone (@misdoscentavos) la patota digital que opera para el Gobierno le publicó la dirección de su casa y de su hija, además de fotos de su hijo menor y sus cuentas bancarias, ataque muy parecido al que le hicieron a @antiponzista y a Ayelén Romano (@_venusandmars). Hay políticos que han sido víctimas de este apriete. A Emilio Monzó le intentaron entrar a su casa y a Martín Lousteau le vandalizaron el despacho. Ambos apuntaron a la SIDE.
A Hugo Alconada Mon lo intentaron hackear, un caso que presenta una gravedad adicional. Él venía de publicar en La Nación una directiva secreta de la SIDE, organismo que controla Santiago Caputo. Ahí se estipulaba el “monitoreo” a todos aquellos actores que “manipulen la opinión pública”, “generen pérdida de confianza en la política económica” u cometan “acciones cuyo impacto erosionen la estructura política e institucional del país”. La lista de personas plausibles de ser espiadas bajo esta lógica es tan amplia que la duda sobre los intereses reales del Gobierno detrás de este cambio es más que legítima. En especial si se tienen en cuenta los antecedentes. De hecho, el nivel de agresión contra la libertad de prensa es tanta que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó en su informe de marzo -en donde alerta de todos estos hechos- una “visita” al país. ¿Aceptará Milei esta propuesta?
Relato
En la Rosada le bajan el tono a este ataque. Aseguran que mucho de lo que se dice tiene que ver con “las formas de las redes”, mientras muestran números que probarían que esto es nada más que una “estrategia” para influir en la conversación pública. Aducen copiarle los modos a Donald Trump, que instaló el “you don’t hate the media enough” (vos no odiás lo suficiente a la prensa) luego de su primer mandato.
Sin embargo, si se saca la lupa de la libertad de expresión y se ve lo que pasa en otras áreas, se puede observar hasta dónde escala el autoritarismo del Gobierno. El derecho a la protesta fue cercenado en el mismo momento en que el “protocolo antipiquetes”, decretado en diciembre de 2023, alteró la lógica histórica de las fuerzas de seguridad: a partir de esa medida empezaron a tener poder de jueces con la capacidad que se les dio de dictaminar delitos “en flagrancia”.
El derecho a huelga viene siendo limitado por la cartera de Federico Sturzenegger, que declaró como “servicio esencial” a todas los servicios de telecomunicaciones y la educación (salvo la universitaria), por citar sólo unos casos. Las barreras democráticas que ya fueron corridas por el Gobierno de Milei siguen: tomó deuda con el FMI sin pasar por el Congreso, intentó colar dos jueces de la Corte por decreto, gobierna sin un Presupuesto votado, o difundió un video falso de un candidato opositor donde este supuestamente se bajaba, por poner algunos ejemplos.
En enero, Santiago Caputo empezó a incluir en sus encuestas la pregunta “¿preferirías vivir en un país con un gobierno autoritario que logre buenos resultados económicos?”. Y ahí está el fondo de la cuestión. Para un líder mesiánico, que se cree predestinado por un ser superior, su voz y su deseo no puede ser discutido. El periodismo, con investigación e información, pone esa construcción teológica en jaque, y por eso el ataque a la libertad de expresión es apenas la punta del iceberg. Lo que está verdaderamente en disputa es un vuelco autoritario.
“El camino está muy claro: es el de una autocracia electoral, un régimen que no es totalitario de partido único, sino que es autoritario con atisbos de democraticidad. Entonces, se celebran elecciones pero no son justas ni libres. Las cartas están marcadas y las reglas del juego se pueden cambiar según los intereses de quien está en el gobierno, el pluralismo informativo va poco a poco desapareciendo y aparecen la mano dura, los recortes de derechos, la separación de poderes se debilita. Ese es el modelo, que se implantó con éxito en Hungría, en El Salvador, se intentó en Polonia y se llegó a medias, lo está intentando hacer Netanyahu en Israel, Modi en la India y Meloni en Italia”, dijo Stevan Forti, historiador italiano y autor de “Extrema derecha 2.0” en una reciente entrevista con la revista Crisis.
Esa es, parece, la Argentina con la que Milei sueña. Y en ese mundo idílico que construye, en el que sólo le da entrevistas a sus amigos, nadie jamás se puede atrever a cuestionarle ni una sola palabra. En ese mundo, está claro, no hay lugar para periodistas.