Las ácidas relaciones bilaterales entre Brasilia y Washington tienden a complicarse día a día. El conflicto se centra en las nuevas medidas que pretende adoptar el gobierno de Donald Trump para penalizar al juez de la Corte Suprema brasileña Alexandre de Moraes, enemigo número uno de Jair Bolsonaro. En tono poco amigable, el presidente Lula da Silva advirtió este domingo: “Nunca critiqué a la justicia norteamericana, aun cuando pudieron cometer barbaridades”. Sentenció luego que “nadie podrá meterse en los asuntos de Brasil, tal como los brasileños no nos metemos en los asuntos de los otros”.
Lula dio una respuesta oficial a la polémica situación, originada cuando el Secretario de Estado Marco Rubio anunció, la semana pasada, que irían a poner en vigencia una resolución por la cual se busca “castigar” a aquellas autoridades extranjeras que “coarten” la libertad de expresión de los estadounidenses. El líder brasileño pasó un mensaje claro: “En los EE.UU. quieren procesar al juez Moraes porque él busca impedir que algunos brasileños que están allá, practiquen actos contra nuestro país todos los días”.
El juez Moraes actúa, precisamente, en la causa relacionada con el golpe de Estado fracasado del 8 de enero de 2023. En ese proceso, se revelaron cómo fueron los actos golpistas y cómo se difundían las desinformaciones, a través de la red social X (Twitter) y otras plataformas. Moraes suspendió inclusive a la red X, propiedad de Elon Musk, porque se negaba a remover contenidos considerados falsos y antidemocráticos de la extrema derecha bolsonarista.
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En Brasil señalaron que la Casa Blanca busca ahora acentuar la ofensiva contra el magistrado. Este acaba de abrir una investigación sobre las maniobras emprendidas por Eduardo Bolsonaro, quien se encuentra en la capital estadounidense, y que estarían precisamente direccionadas contra él. Según describen fuentes citadas por el diario O Globo, en Washington procuran establecer nuevas sanciones en base a una ley americana de los años 70; se trata de una norma creada para penalizar con restricciones financieras a individuos o entidades extranjeras que amenacen la economía norteamericana.
Eduardo Bolsonaro, a quién en Brasil han bautizado como el hijo “03” del ex presidente, viajó a Estados Unidos en febrero último con la excusa de un viaje turístico. En abril cambió las razones, al pedir licencia como diputado del Parlamento brasileño e indicar que iba a permanecer en territorio americano por más tiempo. Desde su aterrizaje, hace tres meses, se ha dedicado a visitar representantes ultraconservadores en el Capitolio, con el objetivo de conseguir una condena contra la Corte Suprema de su país. Esa actividad indisimulada de Eduardo indujo al diputado Lindbergh Farias, líder del bloque del PT en la Cámara Baja, a denunciar al legislador. Lo acusa de obstrucción de la justicia y de tentativa de abolir el Estado Democrático de Derecho. Las autoridades brasileñas juzgan que existe una intención deliberada de la administración Trump, de retaliación para infundir temor, en la medida en que también las medidas afectarían a los familiares, en este caso del juez Moraes.
Las críticas del presidente Lula a su colega Trump no se limitaron a la cuestión judicial. Acusó al norteamericano de pretender “acabar con el multilateralismo” y querer “volver a la Guerra Fría”. Para el brasileño, “fortalecer las Naciones Unidas, y la Organización Mundial del Comercio, es fundamental para defender el planeta”.
MV/Gi