El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha dado luz verde a un nuevo acuerdo con el Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei. Este pacto alcanza la suma de 20.000 millones de dólares y está enmarcado dentro del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para los próximos 48 meses. Sin embargo, las condiciones impuestas y las medidas contempladas no hacen más que profundizar la crisis económica y social que azota al país.
El desembolso inicial de 12.000 millones de dólares, con una revisión pautada en junio de este año, viene acompañado de una serie de disposiciones que no pueden ser pasadas por alto. Entre ellas, destaca la devaluación del peso argentino, que establece un esquema de bandas cambiarias entre $1.000 y $1.400 por dólar. Este ajuste cambiará drásticamente el panorama económico, ya que implicará un aumento significativo de los precios, haciendo pegar un salto a la inflación que ya se aceleró en el mes de marzo.
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Además, se eliminarán restricciones cambiarias, flexibilizándose los plazos para operaciones de comercio exterior. Si bien estas medidas son presentadas como necesarias para «fortalecer la competitividad», en realidad, están diseñadas para favorecer a los grandes exportadores y a los sectores concentrados de la economía, mientras los trabajadores ven cómo su poder adquisitivo se diluye día tras día.
Como parte de las nuevas medidas, Milei se comprometió a realizar un ajuste fiscal que incremente el superávit primario al 1,6%. En términos simples, esto significa recortes en áreas esenciales como salud, educación y servicios públicos, golpeando directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Las políticas de austeridad impuestas por el FMI no son nuevas y han demostrado ser ineficaces, causando más pobreza y desigualdad.
Una deuda que perpetúa la dependencia
La aprobación de este acuerdo es una muestra más de cómo el FMI utiliza la deuda externa como un instrumento para someter al país. Lejos de buscar soluciones estructurales, esta estrategia perpetúa la transferencia de recursos desde las mayorías trabajadoras hacia el capital financiero internacional. Las declaraciones de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, resaltando los «avances iniciales del programa económico» del Gobierno, no son más que discursos vacíos que ignoran la realidad de las grandes mayorías.
El comunicado del Fondo destaca que “Los esfuerzos se centrarán en fortalecer la flexibilidad del mercado laboral y de productos, y abrir gradualmente la economía” y también en “mejorar la eficiencia del Estado y su previsibilidad regulatoria”. Si fueran claros dirían que el objetivo es quitar derechos y empeorar las condiciones de empleo de los trabajadores, profundizar la dependencia de Argentina a los países imperialistas y seguir recortando el presupuesto del Estado en perjuicio de la educación y la salud públicas.
Algunas de las cosas que exige el FMI con el acuerdo en el comunicado (además de la devaluación y lo cambiario que ya anunció el gobierno):
-reforma en jubilaciones
-más flexibilidad laboral (menos derechos)
-más apertura de la economía
Y eje en exportación de energía y minería pic.twitter.com/5hcs1sFmTT— Jesica Calcagno (@Jesi_mc) April 12, 2025
Estos 20.000 millones de dólares no representan una solución, sino un agravante para la situación del país. La historia ha demostrado que cada nuevo acuerdo con el FMI encadena a la Argentina a un modelo económico de dependencia y explotación. Este plan, presentado como un salvavidas, no es más que una trampa para garantizar que las grandes corporaciones y los especuladores sigan enriqueciéndose a costa del sufrimiento popular.
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Organización y movilización contra el ajuste
Desde el Frente de Izquierda denuncian que este nuevo programa no es más que una continuación de las políticas de ajuste que han fracasado sistemáticamente. Las medidas que propone el FMI y que el Gobierno de Milei está dispuesto a implementar implican un golpe brutal para los trabajadores y las grandes mayorías populares.
La única manera de enfrentar estas políticas es mediante la organización y la movilización. El paro nacional del 10 de abril fue una muestra contundente de que existe una resistencia activa y dispuesta a luchar. Es crucial darle continuidad a estas acciones, construyendo un programa alternativo que priorice las necesidades de los trabajadores y no los intereses del FMI y las grandes empresas.
Es fundamental pelear por el desconocimiento soberano de la deuda ilegítima, la nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo control de los trabajadores, y la puesta en marcha de un plan económico al servicio de las mayorías.